Al menos 250 personas han afirmado que sufrieron abuso sexual durante su infancia de parte de empleados, voluntarios y otros en filiales de la organización Boys and Girls Clubs of America, de acuerdo con una investigación de Hearst Connecticut Media.
La revisión de condenas penales y demandas civiles que datan de la década de 1970 detectó 95 casos de abuso en 30 estados e involucran a personas vinculadas con la organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo juvenil, la cual atiende a más de 4,5 millones de jóvenes anualmente en sus 4.600 centros. Algunos de los casos involucran a más de un denunciante.
Los casos incluyen acusaciones de que los dirigentes de los centros estaban enterados sobre el abuso y no lo reportaron a las autoridades, entre otros ejemplos de clubes locales que no respetaron los protocolos nacionales y que, en algunos casos, las revisiones de los antecedentes aparentemente no impidieron que adultos con condenas por hechos violentos trabajaran con niños.
John Miller, vicepresidente senior de servicios de campo para Boys & Girls Clubs of America, se negó a compartir la cantidad de acusaciones por abuso sexual que los clubes locales han reportado a la directiva desde 2014, cuando a las filiales se les exigió reportar tal información a la organización nacional. Pero aseveró que el número de casos de abuso sexual que llevaron a arrestos se han mantenido probablemente en menos de 10 anualmente desde 2014.
Lee también: Piden a Procuraduría investigar al presidente de Costa Rica
“Un solo incidente es demasiado. Nuestra meta es llegar a cero”, indicó Miller a Hearst Connecticut.
Miller agregó que la organización completa está dedicada a mantener a salvo a los niños, y no hay una sola oficina que conserve una lista de agresores.
Boys & Girls Clubs of America, con un presupuesto anual de 100 millones de dólares, cuenta con un estatuto establecido por el congreso para trabajar con jóvenes en situación de riesgo en comunidades de todo el país.
Los abogados que representan a las víctimas señalan que dado que la organización presta atención a menores, debería proporcionar más información al público con respecto a los agresores.
“La organización nacional tiene la obligación moral de revelar los nombres de los perpetradores dentro de sus filas y el delito cometido, a fin de que las víctimas puedan tratar de sanar”, dijo el abogado Mitchell Garabedian, que ha representado a algunos de los denunciantes. “Dice mucho el hecho de que no lo hagan”.
