El cardenal Daniel DiNardo, encargado de dar la respuesta de la Iglesia Católica a los casos de abuso sexual, ha sido acusado de desestimar una denuncia sobre un allegado suyo.
A una semana de que se celebre un encuentro en Baltimore, en el estado de Maryland, para abordar la crisis de abusos sexuales de curas, que DiNardo presidirá como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos, una mujer lo acusó de permitir que un cura la sedujera, traicionara y se aprovechara sexualmente de ella y después siguiera ejerciendo en la Iglesia.
Laura Pontikes, una ejecutiva de 55 años, le dijo a la agencia AP que monseñor Frank Rossi, quien era el segundo de la arquidiócesis de Galveston-Houston, se aprovechó de que se encontraba vulnerable emocionalmente para iniciar una relación física unos años atrás.
"Recibió a una mujer que fue a una iglesia en busca de Dios y se la quedó él", dijo Pontikes.
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Según relató la mujer, el cura Rossi escuchó sus confesiones, aconsejó a su esposo y presionó a la pareja para que donara "cientos de miles de dólares". Cuando lo denunció ante el cardenal DiNardo, éste la elogió y le prometió que el acusado nunca más sería pastor ni aconsejaría mujeres.
Sin embargo, poco tiempo después, DiNardo autorizó a Rossi a que asumiera un nuevo trabajo como pastor en una iglesia al este de Texas.
En respuesta, la arquidiócesis de Galveston-Houston reconoció la relación sexual entre Rossi y Pontikes, pero afirmó que fue consensual.
Las autoridades de Texas investigan el caso y, de acuerdo a la legislación local, un miembro del clero puede ser acusado de violar a un adulto si explotó una dependencia emocional, en el marco de una relación espiritual.
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El caso ha vuelto a poner en el centro la crítica sobre el papel que han jugado destacados miembros de la Iglesia Católica en las investigaciones sobre los casos de abuso sexual.
El 23 de marzo, la Nunciatura Apostólica en Chile comunicó que el papa Francisco había aceptado la renuncia del cardenal Ricardo Ezzati, acusado de encubrir los delitos sexuales cometidos por el exsacerdote Fernando Karadima.
Unos días después, el papa Francisco aprobó una ley para obligar a los jerarcas del Vaticano a denunciar "sin demora" los posibles casos de abuso sexual y maltrato contra menores de edad y personas vulnerables, castigando con una multa de entre 1.000 y 5.000 euros al funcionario público que postergue la acción.
