A menos que se produzca una decisión judicial contraria de última hora, Missouri se convertirá de aquí al sábado en el primer estado estadounidense desde 1973 donde no se puedan practicar abortos, en otro capítulo de la gran ofensiva conservadora contra este derecho aún garantizado por la Corte Suprema.
Con pancartas que rezaban “mi vagina, mi elección” o “proteger los abortos legales”, cientos de personas marcharon este jueves en la ciudad de San Luis para defender la última clínica que practica abortos en ese estado de seis millones habitantes.
Las autoridades locales la acusan de no cooperar con una investigación administrativa abierta luego de que se detectaran “vacíos” y amenazan con no renovar su licencia,que expira el viernes por la noche.
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La poderosa organización Planned Parenthood, que administra este centro, presentó un recurso de urgencia para suspender la decisión que calificó de “arbitraria, incoherente e ilegal”.
El juez Michael Stelzel escuchó los argumentos el jueves de mañana y deberá tomar una rápida decisión sobre este tema “sin precedentes”.
Ocho semanas
“Nunca pensé que volveríamos a esto”, dijo a la AFP Jane Wees Martin, quien protestaba con su hermana para defender “el derecho de las mujeres a elegir lo que hacen con sus cuerpos”.
A sus 70 años, recuerda muy bien “el aterrador período anterior a Roe vs Wade”, nombre de la emblemática sentencia de la Corte Suprema que, en 1973, legalizó el aborto en todo Estados Unidos.
En la multitud, Neha Hanumanthiah, una estudiante de 19 años, también se mostró sorprendida. “No me di cuenta de lo conservador que es mi estado”, dijo, denunciando una “guerra contra las mujeres”.
Más allá del destino de la clínica de Planned Parenthood, todos los manifestantes están en contra de una ley aprobada la semana pasada por Missouri, que prohíbe a las mujeres abortar después de la octava semana de embarazo.
Al igual que otras medidas restrictivas promulgadas recientemente en otros estados conservadores (Alabama, Georgia, Mississippi, Louisiana, por ejemplo), es probable que la ley se invalide antes de que entre en vigencia.
Esto se debe a que está en contradicción flagrante con la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense, que permite a las mujeres interrumpir sus embarazos mientras el feto no sea aún viable (alrededor de las 24 semanas).
Pero el objetivo de los promotores de estas leyes es otro: obligar a la alta corte a replantear el tema. Esperan lograrlo tras la llegada de dos jueces nombrados por Donald Trump, que han dejado a los magistrados progresistas en minoría (cuatro contra cinco).
