Mediante un interdicto, el juez Haywood S. Gilliam Jr. del Distrito Norte de California, detuvo los planes de Trump de construir una serie de barreras fronterizas redirigiendo fondos del Departamento de Defensa, sin la aprobación del Congreso.
La orden del juez, reportada por la agencia de noticias The Associated Press, detiene temporalmente los planes para construir 51 millas de vallas en dos tramos fronterizos, con fondos que Trump obtuvo después de declarar una emergencia nacional en la frontera suroeste.
Gilliam emitió el fallo luego de escuchar argumentos en dos casos, que fueron presentados ante la corte poco después de la declaración de emergencia de Trump. Una demanda fue presentada por California y otros 19 estados; la Sierra Club y una coalición de comunidades a lo largo de la frontera presentaron la otra.
La medida del juez afecta una de las promesas de campaña más importantes de Trump. Se trata de un interdicto temporal, mientras las demandas pasan por la corte. Sin embargo, el Gobierno podría apelar la decisión.
Tras declarar una emergencia en la frontera con México en febrero, el presidente planeaba redirigir unos $8,600 millones de dólares de otras agencias para la construcción de vallas en varios tramos fronterizos.
Cuando el Congreso rechazó la medida, Trump usó su poder de veto legislativo para anular al Congreso y continuar con sus planes en la frontera.
El conflicto sobre la asignación de fondos para el muro llevó al cierre de Gobierno más prolongado de la historia. En total: 35 días.
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Poco después de declarar una emergencia nacional, Trump predijo que no le iría bien en los casos presentados en California. “Nos demandarán en el Noveno Circuito”, dijo. “Posiblemente obtendremos una mala decisión, y luego tendremos otra mala decisión, y luego terminaremos en la Corte Suprema”.
Los adversarios del presidente dijeron que la declaración de emergencia fue un intento ilegal de ignorar al Congreso, que autorizó muchos menos gastos de muro de lo que Trump quería.
Los opositores, representados por la ACLU, denuncian que el plan del presidente excede sus poderes, porque no puede gastar más de lo que el Congreso ha autorizado o usar el dinero de una manera que sea inconsistente con los propósitos de las asignaciones ya realizadas.
ACLU en su demanda señala que la ley de declaración de emergencia invocada por el presidente permite el uso de fondos de construcción del Pentágono sólo para apoyar a los militares.
“No hay ninguna emergencia que requiera el uso de las fuerzas armadas a lo largo de la frontera de EEUU y México”, dice su demanda, “y la construcción de un muro fronterizo no es necesaria para apoyar ese uso de las fuerzas armadas”. Además, dijeron, una ley aprobada por el Congreso permite el apoyo del Departamento de Defensa sólo para las instalaciones necesarias para bloquear el tráfico de drogas en la frontera.
Sierra Club, otro de los demandantes, dijo que el muro causaría daños ambientales irreversibles. “Las especies en peligro de extinción podrían desaparecer de nuestra frontera sur, mientras que los paisajes frágiles son diezmados por este proyecto vanidoso, destructivo e inútil”, dice Gloria Smith, abogada del grupo.