La mayoría de los votantes en Estados Unidos, 52 por ciento, se oponen a la emergencia nacional decretada por el presidente Donald Trump para conseguir fondos para el muro en la frontera con México.
Una pesquisa de Político / Morning Consult encontró que el rechazo se incrementó un punto en comparación con una encuesta del mes pasado.
Ahora apenas un 38 por ciento de los encuestados están a favor de la medida ideada por la Casa Blanca para saltarse el poder del Congreso para la aprobación o no de las cifras de gastos.
La última encuesta fue publicada un día antes de que el Senado tiene previsto votar sobre una resolución para terminar la declaración de Trump, lo cual obligará al mandatario a ejercer su primer veto presidencial.
Algunos miembros del Senado, dominado por los republicanos, se unirán a la bancada demócrata en su pronunciamiento cuando el 80 por ciento apoya la declaración y el 13 por ciento dice que está en contra.
En las filas partidistas, de los consultados demócratas apenas un 10 por ciento está a favor de la declaración de emergencia, mientras que el 83 por ciento se opone, según la encuesta.
También entre los independientes, el 30 por ciento respaldan la medida y el 57 por ciento se opone.
Trump emitió una emergencia nacional a principios de este año para evitar el Congreso y gastar aproximadamente ocho mil millones para construir su muro fronterizo, una de sus principales promesas de campaña en 2016.
Tal acción enfrentó desde sus inicios un rechazo del Congreso, y la Cámara de Representantes aprobó una resolución para poner fin a la emergencia.
El Senado votará sobre la resolución este jueves, mientras los del partido rojo y la Casa Blanca buscan una opción alternativa en la que Trump firmaría una legislación que está en su poder para declarar futuras emergencias nacionales si los senadores del Partido Republicano rechazan la resolución de desaprobación.
Hasta ahora cuatro legisladores republicanos piensan votar en contra de la medida, y varios están preocupados de que la acción del mandatario no respeta la autoridad del Congreso, lo que crearía un precedente negativo que pudiera ser usado por un gobierno demócrata para avanzar normas contra el cambio climático y las armas en el país.
