Washington, Estados Unidos | AFP | ¿Podrá la Corte Suprema de Estados Unidos, remodelada después de la investidura de Donald Trump, modificar el derecho al aborto como esperan los conservadores y evangelistas? La respuesta podría conocerse rápidamente.
Una clínica y dos médicos que practican interrupciones voluntarias del embarazo acudieron con urgencia a la justicia estadounidense para bloquear la entrada en vigor de una ley de Luisiana.
El texto, adoptado en 2014, exige a los médicos voluntarios que realicen abortos una autorización para ejercer en un hospital que esté ubicado a menos de 50 kilómetros del sitio de la operación.
Luisiana menciona los riesgos de complicación y la necesidad, en caso de problemas, de transferir pacientes a hospitales cercanos, donde sus médicos puedan seguir cuidándolos.
Sur argumentos convencieron a una corte de apelaciones de Luisiana, que después de años de procedimientos, permitió que la ley entrara en vigor el lunes.
Los demandantes pidieron a la Corte Suprema intervenir en el caso porque, para ellos, el texto "paralizará el acceso al aborto".
Debido a las condiciones impuestas por el texto, "solo un médico podrá realizar abortos en todo el estado", y solo una clínica especializada permanecerá abierta para aproximadamente 10.000 intervenciones por año, estiman en su apelación.
Según ellos, una disposición similar adoptada por Texas en 2013 resultó en el cierre de la mitad de las estructuras que realizaban abortos en ese estado, antes de ser invalidada en 2016 por la Corte Suprema.
Pero después, el equilibrio cambió en la corte.
Durante su campaña electoral, el presidente Trump ganó el apoyo de los evangélicos, en un principio escépticos de este multimillonario divorciado, al prometer nombrar en la Corte Suprema solo a jueces que se opusieran al aborto.
Desde que llegó al poder, Trump ha nombrado a dos conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dejando a los progresistas en minoría, siendo cuatro de los nueve jueces.
Durante el proceso de confirmación, los dos magistrados juraron estar muy apegados a la jurisprudencia y en particular al histórico caso Roe contra Wade, que legalizó el aborto en el país en 1973.
El caso de Luisiana será una prueba de su determinación. Si uno de ellos se une a los progresistas, el tribunal congelará la ley de ese estado. De lo contrario, no intervendrá y el texto entrará en vigor.
Para los defensores del derecho al aborto, el silencio de la Corte Suprema podría alentar a otros estados a seguir a Luisiana.
Una mayoría de estadounidenses (57%) está a favor del aborto para las mujeres, pero el tema está muy dividido según las afiliaciones políticas y religiosas, según un sondeo del Centro de Investigación Pew.
Alrededor del 59% de los republicanos y 61% de los evangélicos consideran que el aborto debería ser ilegal en la mayoría o en todos los casos.
Desde 1973, los estados conservadores han adoptado muchas restricciones al acceso al aborto.
Ya existen grandes disparidades regionales, con más de 500 centros que ofrecen abortos en California, contra solo cuatro en Kansas, informó el Instituto Guttmacher, para quien "la nueva composición de la Corte Suprema" aumenta "el riesgo" de ver florecer las reglas restrictivas.
"Los políticos que se oponen al aborto esperan que la Corte Suprema sea solidaria y les permita hacer el aborto inaccesible", dijo Nancy Northup, directora del Centro de Derechos Reproductivos, en una tribuna para el The New York Times.
