Las diócesis de Estados Unidos han adoptado una práctica en los últimos meses: publicar un listado de los sacerdotes con "acusaciones creíbles" de abuso sexual a menores.
Según El Pais, la mayoría de los religiosos ya no viven o fueron removidos de sus labores eclesiásticas. BishopAccountability.org, un sitio web que rastrea todos los crímenes de esta índole en la Iglesia, afirma que la institución ha revelado hasta ahora cerca de 7.000 curas denunciados desde 1950, pero que seguramente la cifra es mucho mayor. Según los informes que maneja el portal, dedicado a recabar las cifras desde hace más de una década, el porcentaje de abusadores oscila entre el 6 y el 10%, lo que supondría hasta 11.000 curas pederastas. Las fiscalías estatales que investigan actualmente estos crímenes también han concluido que los listados están incompletos.
En la misa católica celebrada el primero de diciembre en Siracusa, Nueva York, el obispo Robert J. Cunningham hizo un anuncio parroquial que llamó la atención de los feligreses. Primero reconoció las divisiones que existen dentro de la Iglesia sobre si publicar o no los nombres de los sacerdotes con “acusaciones creíbles” de abuso sexual a niños, argumentando que algunas víctimas no quieren que se sepan quiénes fueron sus abusadores. “Tras reflexionar y orar seriamente, he llegado a la conclusión de que esta práctica se ha convertido en un obstáculo para hacer avanzar a nuestra Iglesia local”, afirmó el cura antes de informar de que en los próximos días el sitio web de la diócesis publicaría el listado de los clérigos denunciados en los últimos setenta años.
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Cunningham cumplió con lo prometido. Pero su decisión está lejos de ser un caso aislado en Estados Unidos. Desde que se dio a conocer en agosto el brutal informe de Pensilvania en el que se revelaba que más de 300 sacerdotes abusaron de menores en las últimas siete décadas, los obispados se han visto presionados por laicos y feligreses a emprender acciones concretas en favor de las víctimas. La primera lista de este tipo se publicó en 2002. Hasta el 2017 solo 35 de las 187 diócesis que componen el cuerpo eclesiástico estadounidense habían hecho lo propio. Pero a partir del pasado agosto la cifra se disparó. En diciembre ya se habían registrado 90 listados y se sabe que la cifra es mayor, ya que casi a diario hay diócesis que se adhieren. También órdenes religiosas como los jesuitas.
BishopAccountability.org sostiene que la Iglesia ha revelado que hay cerca de 7.000 curas denunciados, pero solo 4.500 con nombre y apellido. Terry McKiernan, fundador de la organización, aclara que ese número es impreciso: “Conozco casos de sacerdotes abusadores que deberían aparecer en las listas y no están. Seguramente hay muchos que no sabemos”. Según los informes que maneja el experto, el porcentaje de profanadores oscila entre el 6 y el 10% de cada establecimiento.
El último escándalo eclesiástico respalda su planteamiento. Las seis diócesis de Illinois publicaron hace un tiempo un listado en el que identificaban a 185 religiosos con acusaciones creíbles. La fiscal general del Estado, Lisa Madigan, alertó en diciembre de la falsedad de la cifra y adelantó que, según sus investigaciones preliminares, la realidad es que al menos 500 sacerdotes han sido denunciados por haber abusado de menores. “Esperábamos que las cifras fueran así de dispares”, sostiene el abogado Jeff Anderson, quien lidera el bufete que lleva su nombre. “Cuando ellos dicen que no quieren publicar los nombres porque las víctimas no quieren que se sepa es una gran mentira. Llevo 25 años representando a sobrevivientes de abusos y nunca he conocido a uno que no quiera. Ese argumento es una excusa para no hacer lo que corresponde”, agrega.
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En 2002 el cuerpo completo de obispos católicos de EE UU aprobó la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes, que incluía la realización de un estudio descriptivo con la cooperación de las diócesis para conocer el alcance de los abusos sexuales a menores por parte del clero. El análisis reveló que el rango de depredadores era de entre un 3 y 6%, lo que supone 6.600 de los 110.000 miembros de la Iglesia en las últimas siete décadas. “La investigación de Pensilvania y de Illinois demuestran dos cosas: que si queremos saber la verdad son los fiscales los que tienen que hacer y publicar sus propios informes, y que la proporción de denunciados está mucho más cerca del 10%. Estamos hablando de unos 11.000 curas”, plantea McKiernan.
A pesar de los peros, el paso al frente de las diócesis ha sido bien recibido por aproximarse a la respuesta que merecen las víctimas. El informe de Pensilvania fue un punto de inflexión y parece no tener marcha atrás. El documento de 1.356 páginas, la investigación más exhaustiva que se ha llevado a cabo sobre el abuso sexual de la Iglesia católica en EE UU, se adentró en las cloacas clericales y destapó desde redes de sadomasoquismo hasta violaciones en hospitales. “No provocó un cambio cultural, ese está todavía por venir, pero sí logró un despertar en la gente. Inyectó coraje a las víctimas y ahora seguiremos presionando hasta que digan toda la verdad”, apunta Anderson.
El informe de Pensilvania ha llevado al menos a una docena de fiscales generales estatales pusieran en marcha investigaciones sobre abusos sexuales en sus respectivos territorios. En muchos casos, las acusaciones "no han sido investigadas adecuadamente por las diócesis o no han sido investigadas en absoluto", apuntaba la Fiscalía de Illinois. Para el abogado Anderson, la diferencia entre lo que publican las diócesis versus las fiscalías responde en parte a la colaboración de las víctimas, que tienden a ser más abiertas con los segundos.
En medio de la presión, los obispos estadounidenses se reunieron en noviembre para redefinir sus códigos. Entre las medidas propuestas figuraban nuevos “estándares de conducta episcopal”, la creación de una comisión para manejar las denuncias de abuso contra los obispos, y nuevos protocolos para los religiosos que son destituidos o que renuncian debido a una conducta sexual inapropiada. Antes de votar recibieron una carta del Vaticano en la que se les pedía que no acataran reformas hasta después de la cumbre que se celebrará en Roma en febrero con todas las Conferencias Episcopales del mundo para abordar la crisis desatada por los abusos a menores.
Este viernes el papa Francisco aseguró que la Iglesia "no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes”. Porque este año la bomba no solo estalló en Pensilvania. Ni en Illinois. También lo hizo en Chile, Irlanda y Australia. Y la lista, al igual que la de los clérigos acusados, no deja de crecer.
