En enero de 2002 el diario The Boston Globe publicó el primero de una serie de artículos que desencadenarían la mayor crisis de la Iglesia Católica de Estados Unidos hasta entonces.
La investigación reveló cómo el Arzobispado de Boston trasladó de una parroquia a otra a sacerdotes acusados de abusos en lugar de removerlos de sus cargos y entregarlos a la justicia, destacó La Tercera.
El escándalo llegó al Vaticano y en abril de ese año el Papa Juan II citó a Roma a todos los cardenales estadounidense. Se estableció entonces la doctrina de “tolerancia cero”, que sería ratificada por la Conferencia episcopal de Estados Unidos, en julio de ese mismo año en Dallas. El protocolo aprobado en esa ocasión establecía que toda denuncia de abuso contra un sacerdote sería derivada de inmediato a la justicia ordinaria y el religioso sería retirado de su puesto.
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A 16 años del escándalo, la Conferencia Episcopal de EE.UU. vuelve a reunirse bajo el fantasma de los abusos. El caso del cardenal Theodore McCarrick, removido tras recibirse nuevas denuncias en su contra y el informe de julio en el que un gran jurado de Pennsylvania comprobó más de 1.000 casos de abusos sexuales a menores a lo largo de 70 años, cometidos por 300 sacerdotes reinstalaron el tema. Todo, en medio de la ola desatada en enero por la crisis de la Iglesia chilena.
Desde el lunes, en Baltimore, los obispos buscarán impulsar cambios que ayuden a contener la crisis y recuperar la confianza de sus fieles. Pero el desafío no es simple, porque en los próximos meses las revelaciones sobre abusos podrían ir en aumento. Actualmente son 13 los estados – además del Distrito de Columbia- que llevan a cabo investigaciones similares a las de Pennsylvania sobre eventuales abusos cometidos por sacerdotes y su encubrimiento por la jerarquía eclesiástica.
El primer estado en abrir su propia indagatoria después de los sucesos de julio fue Missouri. El fiscal general del estado, John Hawley, solicitó al arzobispado de St Louis la entrega de sus registros para destapar eventuales casos de pederastia encubiertos. Para ello, la propia arquidiócesis se mostró dispuesta a colaborar. Este es el único camino para poder avanzar ya que el fiscal general no tiene facultades para exigir la entrega de documentos por parte de la Iglesia a menos que se designe un gran jurado, como sucedió en Pennsylvania.
A Missouri se sumaron luego Nueva York, Nueva Jersey, Kentucky, Nuevo México, Illinois y Nebraska. En todo esos estados fue el fiscal general el que ordenó iniciar las investigaciones. En el caso de Illinois, la indagación comenzó como consecuencia de las revelaciones del informe de Pennsylvania. Al menos siete sacerdotes citados en esa indagatoria tenían conexiones con el estado.
El mes pasado se agregaron a esos primeros seis estados, otros cinco (Vermont, Maryland, Florida, Michigan y Virginia) además del Distrito Columbia. Y, según la cadena NBC, los fiscales generales de otros 14 estados no descartan abrir sus propias investigaciones.
En todos los casos, se repitió el mismo proceso. Fue el fiscal general quien abrió la investigación de oficio y hasta ahora las distintas diócesis y arquidiócesis se han mostrado dispuestas a colaborar. Incluso el arzobispado de Detroit emitió un comunicado a mediados de octubre dando “la bienvenida a la investigación del fiscal general como parte del compromiso permanente por la transparencia y la curación”.
En Washington DC, además, se habilitó un portal en internet para que las víctimas hagan sus denuncias directamente a la oficina del fiscal. Mientras tanto, en Wyoming, fue la policía de Cheyenne, no la fiscalía, la que dio curso a una indagatoria contra el obispo emérito Joseph Hart, tras ser acusado de abusos a menores y la policía del estado llamó a las víctimas a entregar sus denuncias. Mientras que en Arkansas, la diócesis de Little Rock se anticipó a una investigación oficial e hizo público sus registros de casos de sacerdotes abusadores.
Todo ello anticipa una posible escalada de revelaciones que acorralen aún más a una Iglesia Católica de Estados Unidos que ha venido perdiendo fieles sostenidamente. Un 13% del total de adultos de ese país se define como excatólico, según el Pew Research Center. Si a fines de la década pasada los católicos en EE.UU. bordeaban el 30%, hoy son un 21%. A ello se suma la crisis del propio episcopado de ese país. Una investigación de The Boston Globe y el Philadelphia Inquirer, reveló que 130 obispos, un tercio del total, ha sido acusado durante su carrera por encubrimiento y al menos 15 de ellos renunciaron por acusaciones de abusos sexuales o acoso en su contra.
Según la investigación del Globe y el Inquirer, el panorama es aún más complejo si se considera que más de 50 obispos han sido acusados de encubrimiento por hechos cometidos después de la Asamblea de Dallas de 2002, en la que se estableció la política de “tolerancia cero”. “Creo que nunca fueron realmente serios en establecer salvaguardas para la protección de niños y jóvenes”, señaló la actual jueza de la Corte Suprema de Illinois Anne Burke, quien lideró el panel nacional de revisión sobre políticas de protección a niños en la Iglesia Católica entre 2002 y 2004. Thomas Plante, ex asesor de la Conferencia Episcopal de EE.UU. va incluso más allá: “Este es el #MeToo de la Iglesia”.
