El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este martes que su estado está demandando a la administración Trump para ponerle un fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual protege a los llamados “soñadores”, que llegaron al país siendo muy jóvenes.
La demanda, que Texas lidera en una coalición de siete estados, consideró que DACA es “inconstitucional” y busca impedir que el gobierno renueve o otorgue nuevos permisos DACA en el futuro.
El texto considera que DACA ignora las leyes y representa “una invitación” a futuros presidentes para no respetarlas.
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“Dejado intacto, DACA sienta un peligroso precedente”, establece la demanda, que argumenta que implica darle al ejecutivo la autoridad de “ignorar las leyes decretadas por el Congreso” y “cambiar las leyes de inmigración de nuestra nación según la preferencia políticas del presidente”.
Paxton denunció en una conferencia de prensa las acciones de “jueces federales actuando como activistas” que han impedido que el programa llegue a su fin. El pasado 24 de abril, un juez de distrito de Washington consideró “prácticamente sin explicación” los argumentos legales del Departamento de Seguridad Nacional para terminar DACA, ordenando continuar con el programa y aceptar nuevas aplicaciones.
La actual demanda ha denunciado que estos “bloqueos” al gobierno federal han “forzado a la administración” a dejar en pie el programa de manera indefinida. La intención de la coalición es presionar para que termine lo antes posible.
No pide al presidente, sin embargo, deportar a ningún actual beneficiario de DACA ni rescindir permisos que ya hayan sido entregados.
Al fiscal general de Texas se sumaron los de los estados de Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
