El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo hoy a 21 personas sospechosas de estar ilegalmente en el país durante redadas efectuadas en tiendas de la cadena 7-Eleven, informaron a Efe fuentes de la agencia federal.
Los agentes migratorios entrevistaron a empleados y gerentes de casi un centenar de comercios de esta cadena en todo el país, después de enviar avisos de inspección.
Veintiún personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal fueron detenidas y habrán de presentarse ante tribunales de inmigración.
"Las acciones de hoy envían un fuerte mensaje a las empresas estadounidenses que contratan y emplean fuerza laboral ilegal", aseguró en un comunicado el director interino de ICE, Thomas Homan, quien advirtió que este organismo "hará cumplir la ley".
Las redadas se realizaron en 17 estados, incluyendo California, Colorado, Florida, Nueva York, Texas, y en el Distrito de Columbia.
Homan aseguró que las empresas que contratan trabajadores sin documentación fomentan la inmigración ilegal.
El ICE "continuará sus esfuerzos para proteger los empleos para los trabajadores estadounidenses", al eliminar las ventajas competitivas "injustas" de las empresas que "explotan" la inmigración ilegal, agregó.
En 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) realizó una investigación sobre varias franquicias de 7-Eleven que resultó en el arresto de nueve propietarios de franquicias y gerentes por conspirar para cometer fraude electrónico, robar identidades y ocultar y albergar en sus tiendas a empleados extranjeros en situación ilegal.
En su casi totalidad se declararon culpables y se les ordenó pagar más de 2.6 millones de dólares en restitución por salarios robados a los trabajadores.
En contexto
Por otro lado, la Casa Blanca consideró hoy "indignante" la orden de un juez federal para que reviva parcialmente el plan migratorio DACA y siga recibiendo solicitudes de jóvenes indocumentados que quieren frenar su deportación hasta que se resuelvan todos los recursos legales a esa medida.
"Consideramos esta decisión como indignante", aseguró Sarah Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
Sanders subrayó que "un tema de esta magnitud debería discurrir a través del proceso legislativo normal".
