Washington, 3 nov (EFE).- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, recurrió hoy ante el Tribunal Supremo la sentencia que permitió abortar a una menor indocumentada de 17 años y que se encuentra recluida en un centro de detención para inmigrantes en el estado de Texas.
El objetivo del Gobierno es impedir que ese fallo siente un precedente y sirva para permitir, en el futuro, que otras menores indocumentadas puedan poner fin a su embarazo.
En el recurso, al que accedió Efe, los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU. argumentan que la organización que defendió a la menor, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), engañó al Gobierno sobre el momento en el que se iba a practicar el procedimiento.
La joven, identificada como "Jane Doe" para proteger su identidad, pudo abortar el 25 de octubre después de una polémica batalla legal, en la que una corte de Washington finalmente determinó que la menor debía tener acceso a un aborto, un derecho reconocido por el Tribunal Supremo desde 1973.
En su recurso, el Departamento de Justicia asegura que supo que la menor había abortado justo cuando iba a recurrir el fallo de la corte de Washington y, por ello, pide al Tribunal Supremo que tome "acciones disciplinarias" contra ACLU, una de las organizaciones de EE.UU. más importantes en la defensa de derechos civiles.
El Gobierno alega que, como el aborto se produjo tan rápido, no pudo continuar con su batalla legal ante el Tribunal Supremo.
En un comunicado, el director legal de ACLU, David Cole, aseguró que los abogados de la menor cumplieron con su obligación para evitar que el aborto se retrasara más de lo debido y actuaron para salvaguardar los intereses de la joven, que llevaba más de un mes tratando de abortar.
El tiempo era un factor muy importante porque la menor, que había sido detenida en septiembre en la frontera entre México y EE.UU., estaba embarazada de 15 semanas y las leyes de Texas establecen que una mujer solo puede abortar antes de que se cumplan las 20 semanas de embarazo.
Cuando cruzó la frontera entre México y EE.UU., la menor ya estaba embarazada y fue, automáticamente, recluida en un centro de detención para inmigrantes en la localidad de Brownsville (Texas).
El 25 de septiembre obtuvo el permiso de un juez de Texas para abortar, pero los funcionarios del centro de Brownsville, se negaron a llevarla a un centro médico y, en su lugar, la transportaron hasta un centro de "atención y crisis", instalaciones de grupos religiosos que aconsejan a las mujeres que no sigan adelante con su decisión de abortar.
Ante esta situación, los abogados de ACLU comenzaron la batalla legal, que ahora ha terminado en manos del Tribunal Supremo.
ACLU considera que la actitud del Gobierno es signo de "una nueva política del Gobierno de Trump para impedir el acceso al aborto de jóvenes indocumentadas" recluidas en los centros donde están detenidos inmigrantes indocumentados y aquellos que han cometido un crimen a la espera de ser deportados.
En lo que lleva de mandato, Trump se ha ganado el favor de importantes grupos de la derecha cristiana, que han conseguido que el mandatario nombrara un juez conservador para el Tribunal Supremo y que modificara una importante cláusula sobre anticonceptivos de la ley sanitaria de su antecesor, Barack Obama.
