La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se negó este martes a examinar la apelación de uno de los más célebres detenidos en Guantánamo, lo que reforzó la controvertida legitimidad de los tribunales militares de excepción que funcionan en la base estadounidense en Cuba.
La decisión del máximo tribunal confirma la cadena perpetua pronunciada contra Ali Hamza Ahmad al-Bahlul, uno de los lugartenientes de Osama bin Laden, detenido en Guantánamo desde 2002.
Este yemenita acusado de ser el exresponsable de propaganda de Al-Qaida había apelado su condena por complot criminal, pronunciada en 2008. Según sus abogados, esta acusación debía haberle valido ser juzgado ante la justicia federal civil y no ante un tribunal militar.
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El gobierno de Donald Trump no ha ocultado su intención de recurrir con más asiduidad a los mecanismos de juicio y detención de Guantánamo.
Algunos de los acusados de haber participado en los atentados del 11 de septiembre de 2001, detenidos en esa base militar, continúan esperando que se los acuse de delitos concretos y se los juzgue.
En un importante fallo conocido como «Boumediene contra Bush», la Suprema Corte autorizó en 2008 a los presos en Guantánamo a cuestionar los fundamentos de su detención ante los tribunales civiles estadounidenses.
Esa decisión permitió a la corte de apelaciones de Washington, competente en la materia, tratar algunos de los casos juzgados en Guantánamo. Pero desde entonces el máximo tribunal se negó a ampliar las posibilidades de poner en tela de juicio la acción de los tribunales militares que operan en la base.
En contexto
Anulan las apelaciones al polémico decreto de Trump
El decreto migratorio de Donald Trump que prohíbe el ingreso al país a personas procedentes de seis países ?Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen? ha recibido un dictamen favorable en la Corte Suprema de Estados Unidos.
La más alta instancia judicial ha cancelado la decisión del Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones que estimó que el documento era anticonstitucional.
El veredicto no significa que el veto migratorio —declarado el pasado junio— vuelva a ser vigente de manera automática, puesto que de momento solo se ha anulado la apelación interpuesta por los fiscales del estado de Maryland. La misma instancia suprema aún debe pronunciarse sobre la decisión de los fiscales de Hawái de recurrir a la ley, decisión que fue ratificada por el Noveno Circuito de Apelaciones.
