Ciudadanos estadounidenses entablaron una demanda en contra de la policía federal, a la que acusan de violación de la privacidad y de la libertad de expresión cuando pretende revisar teléfonos celulares sin una orden judicial.
Los nuevos "protocolos de seguridad" ordenados por el gobierno norteamericano han desatado el malestar de sus ciudadanos.
Un grupo de personas demandó a la Policía Federal por lo que consideran como una violación inadmisible a la privacidad y la libertad de expresión, luego de que fueran obligados de manera coercitiva a entregar sus teléfonos celulares y computadores personales al momento de cruzar por la frontera hacia territorio norteamericano, refiere Bloomberg.
Una de las víctimas decidió apoyar el recurso judicial luego de que un funcionario de aduanas lo agrediera por negarse a entregar su celular. Según el cineasta independiente Akram Shibly, en una oportunidad fue detenido a la fuerza mientras un oficial le quitó su teléfono del bolsillo, otro lo asfixió y un tercero lo sujetaba de las piernas.
"Me uní a esta demanda -dijo Shiby- para que otras personas no tengan que pasar por lo que me pasó (…) Los agentes fronterizos no deben ser capaces de obligar a las personas a proporcionar acceso a sus teléfonos, físicamente o de otra manera".
Los afectados son ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales que ingresaron por aeropuertos y fronteras terrestres hacia el territorio norteamericano, y fueron sometidos a las pesquisas sin orden judicial. La Unión Americana de Libertades Civiles y la Electronic Frontier Foundation son las dos organizaciones que presentaron el recurso ante la corte distrital de Massachusetts.
Entre los demandantes están diez ciudadanos estadounidenses y un inmigrante. El grupo incluye a un veterano militar, un periodista y hasta un ingeniero de la NASA; la mayoría de ellos son musulmanes o personas de color.
El argumento esgrimido por la administración Trump es reforzar la "seguridad". No obstante, una de las abogadas que entabla la demanda, Esha Bhandari, alega que el gobierno "no puede usar la frontera como una red de arrastre" para hurgar en los datos privados de los afectados.
Según los datos que recoge la agencia de noticias, sólo en el primer semestre de este año, los agentes fronterizos realizaron aproximadamente 15.000 búsquedas en dispositivos electrónicos, un aumento ostensible si se compara con las 8.500 que hubo en 2015, precisa el texto de la demanda.
