Washington, 5 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EEUU aceptó hoy decidir si los policías estadounidenses pueden acceder sin una orden judicial a datos sobre la ubicación de un sospechoso mediante la información que recopilan los proveedores de teléfonos celulares, un caso que ha irritado a grupos defensores de la privacidad.
Los nueve jueces de la máxima instancia judicial estadounidense accedieron a escuchar argumentos sobre el caso durante su próximo periodo de sesiones, que comenzará en octubre.
El caso gira en torno a Timothy Carpenter, que fue arrestado en 2011 después de una serie de robos en tiendas de telecomunicaciones y teléfonos celulares en los estados de Michigan y Ohio.
La policía arrestó a Carpenter después de acceder a más de cinco meses de registros sobre la ubicación del teléfono o teléfonos celulares del sospechoso, que ayudaron a determinar que éste se encontraba cerca de al menos seis escenas del crimen.
En lugar de obtener los registros gracias a una orden judicial, como es común, la policía los solicitó y obtuvo de la compañía proveedora gracias a una ley federal de 1986 que, según el Gobierno, permite exigir dichos datos cuando haya una "base razonable" para las sospechas sobre una persona.
Los abogados de Carpenter, que fue condenado a más de 116 años en prisión por sus robos, consideran que la obtención de esos datos sin orden judicial violó su derecho de estar libre de registros y aprehensiones poco razonables, garantizado en la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.
"Dado el creciente uso de nuevas formas de vigilancia electrónica, ahora es más importante que nunca que el Tribunal Supremo se pronuncie para contener la extralimitación de la policía y clarificar las protecciones de la Cuarta Enmienda", dijo en un comunicado Harold Gurewitz, uno de los abogados de Carpenter.
El sospechoso también está representado por el mayor grupo de defensa de los derechos civiles de EEUU, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que denuncia que los datos de ubicación recopilados por los teléfonos celulares "pueden revelar detalles extraordinariamente privados sobre las vidas de las personas".
"Por eso, la policía solo debería poder acceder a ellos mediante una orden judicial basada en motivos fundados" para sospechar sobre una persona, afirmó en el mismo comunicado Nathan Freed Wessler, un abogado de ACLU.
