Miami (EE.UU.), 28 abr (EFE).- La Cámara de Representantes de Florida aprobó hoy una ley que prohíbe las "políticas de santuario", que se alinea con las órdenes del presidente Donald Trump, que amenazó con recortes federales a aquellas jurisdicciones que protejan a los indocumentados.
Con una votación de 76 a 41 la Cámara baja dio el visto bueno a la iniciativa que prohíbe a las ciudades, condados y al estado restringir "información sobre el estatus migratorio de una persona" y multa a aquellas que incumplan.
"Nuestras comunidades no olvidarán a los representantes que votaron hoy para criminalizar aún más a las familias y convertir Florida en una extensión de la fuerza de deportación de Trump", lamentó Francesca Menes, directiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida.
En su primera semana de mandato, el presidente republicano ordenó la interrupción de ciertos fondos federales a las llamadas "ciudades santuario", que se rehúsan a programas federales migratorios que no son de obligatorio cumplimiento.
"Estamos decepcionados de que miembros que son elegidos para representar a nuestras comunidades caigan bajo las amenazas vacías de Trump en lugar de estar de pie con los que votaron para llevarlos a ese cargo", aseguró Menes.
La coalición criticó la aprobación de la ley en Florida, pese a la oposición que ha tenido la idea de Trump de sancionar a las jurisdicciones santuario, y reprochó especialmente a los congresistas hispanos Jeanette Nuñez, Carlos Trujillo y José Oliva, que la apoyaron.
El martes pasado un juez de California propinó un revés al presidente Trump, al bloquear la orden ejecutiva destinada a negar fondos a las "ciudades santuario".
"Los representantes claramente expresaron su voluntad de obligar a nuestra policía local a hacer el trabajo de los funcionarios de inmigración y asignar la carga de los costos a los contribuyentes de impuestos", expresó Menes.
Un proyecto similar, sometido por senador Aaron Bean, es analizado en esa cámara y se suma a otras iniciativas del Legislativo estatal, de mayoría republicana, que endurecen las penas a indocumentados y encarecen las matrículas para estudiantes universitarios indocumentados.
Ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles han retado las medidas de Trump, mientras que en Florida, el condado Miami-Dade acogió dichas órdenes.
El alcalde del condado, Carlos Giménez, instó en enero pasado a sus funcionarios a reanudar las retenciones prolongadas de indocumentados solicitadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), pese a que son "inconstitucionales" cuando carecen de una orden de un juez.
Grupos civiles, incluyendo la Coalición de Inmigrantes de Florida, insisten en que Miami-Dade no ve amenazas inminentes a sus fondos federales si mantiene la política actual de no mezclar el trabajo de la policía local con el trabajo de las autoridades federales de inmigración.
