Hawái se convirtió en el primer estado norteamericano en presentar un recurso contra la nueva versión del decreto migratorio del presidente Donald Trump que prohíbe el ingreso de personas de seis países mayoritariamente musulmanes y suspende la acogida de refugiados.
"El fiscal general de Hawái, Doug Chin, anunció hoy (miércoles) que el estado de Hawái presentó una demanda de suspensión provisoria en el marco de su querella federal contra el presidente Donald Trump, tras su nuevo decreto que prohibe los ingresos provenientes de seis países de mayoría musulmana publicado a principios de esta semana", según un comunicado de la oficina de Chin.
Chin argumentó a última hora del miércoles que a pesar de que el nuevo decreto fue modificado para enfrentar las demandas presentadas por varios tribunales que bloquearon el primer decreto, el nuevo es bastante parecido al primero.
El fiscal general del estado había anunciado más temprano en la jornada su intención de pedir a la justicia que examine en un procedimiento de urgencia una orden de suspensión temporal del decreto para "permitir al tribunal escuchar los argumentos del estado antes de que el decreto entre en vigor el 16 de marzo".
"Nada ha cambiado en el fondo: la prohibición generalizada de ingresar (a Estado Unidos) desde países de mayoría musulmana (menos uno) persiste", declaró Chin. "Los tribunales no han tolerado el anterior intento del gobierno de engañar a la justicia, y no deberían tolerar" este nuevo intento, agregó.
James Robart, un juez federal de Seattle (estado de Washington) bloqueó temporalmente el 3 de febrero la aplicación de la primera versión del decreto en todo el territorio estadounidense alegando que provocaría "un perjuicio irreparable".
El ministro de Justicia de ese estado, Bob Ferguson, reconoció el lunes varias grandes "capitulaciones" en el nuevo texto, que pretende analizar en los próximos días.
El nuevo decreto suspende la admisión de refugiados por 120 días y la entrega de visas para los viajeros de Siria, Irán, Libia, Somalia, Yemen y Sudán. Exceptúa explícitamente a los iraquíes, que estaban incluidos en el primer decreto, a los residentes legales permanentes y a quienes tengan una visa.
Durante el breve período en que estuvo vigente el primer decreto hubo caos y manifestaciones de protesta en los grandes aeropuertos de Estados Unidos, en tanto varios tribunales y legisladores expresaron su oposición al decreto.
Los sondeos indican que los estadounidenses están profundamente divididos sobre el tema. Una mayoría estrecha se opone a la política migratoria de Trump, mientras que su base lo apoya vigorosamente en este terreno.
