Una jueza federal aprobó el jueves de manera tentativa un acuerdo para que el gobierno de Estados Unidos pague un millón de dólares a los hijos de un ciudadano mexicano que murió después de que fue detenido por autoridades de inmigración y recibió varias descargas con una pistola inmovilizadora.
El acuerdo considerado por la magistrada federal Louisa Porter tiene el propósito de dar fin a un caso de casi siete años que originó quejas generalizadas de que las autoridades de inmigración de Estados Unidos toleraban a los agentes que utilizaban fuerza excesiva. Los fiscales se negaron presentar cargos penales.
El dinero será repartido entre los cinco hijos de Anastasio Hernández si el acuerdo recibe la aprobación final, y aproximadamente una cuarta parte será para el pago de abogados y otros costos.
"La vida de mi esposo no tiene precio", dijo María Puga, la pareja de Hernández y madre de sus cinco hijos, en una conferencia de prensa realizada después de la audiencia. "La decisión que tuve que tomar fue difícil. Debemos dar vuelta a la página".
Estaban pendientes los interrogatorios preliminares ante una corte de apelaciones y aún no se programaba una fecha para el juicio.
Los tres hijos mayores de Puga son adultos, y también tiene gemelos de 10 años de edad.
Antes de otorgar la aprobación final, Porter pidió a los abogados de la familia que presenten un documento en el que se explique por qué el pago a los dos hijos de 10 años no debe ser sujeto a los procesos de validación de la corte. Hernández no dejó un testamento.
El desarmado ciudadano mexicano de 42 años murió en mayo de 2010 después de una confrontación con las autoridades en cruce fronterizo de San Isidro, del condado San Diego, que colinda con Tijuana, México. Las autoridades han dicho que se portaba de modo hostil mientras era regresado a México.
