Un jefe policial y una alcaldesa de California acusaron el jueves a agentes federales de engañar a policías locales que participaron en las redadas contra integrantes de una conocida pandilla originaria de El Salvador para que los ayudaran a realizar detenciones de inmigración.
Santa Cruz es una de las llamadas ciudades santuario, que prohíben que sus policías cooperen con las autoridades federales que investigan violaciones migratorias.
El jefe de la policía de Santa Cruz, Kevin Vogel, y el jefe asistente Dan Flippo dijeron el jueves en una rueda de prensa que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional mintieron cuando les aseguraron que un operativo conjunto del 13 de febrero en la región no incluiría detenciones relacionadas con cuestiones de inmigración durante las redadas de pandilleros.
Flippo agregó que no supo que se habían realizado un "cierto número" de arrestos de inmigración hasta el día siguiente, cuando decenas de manifestantes interrumpieron una reunión del Concejo Municipal de Santa Cruz para manifestar su descontento.
Sin embargo, James Schwab, portavoz de la oficina de campo en San Francisco del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) indicó en un comunicado que los agentes sólo hicieron lo que habían acordado antes de la operación, y que cualquier sugerencia en otro sentido era "completamente falsa, imprudente y preocupante".
Policías de Santa Cruz y agentes de inmigración arrestaron a 10 personas presuntamente relacionadas con la pandilla MS-13, también conocida como la Mara Salvatrucha. Siete de ellos fueron acusados de extorsión y tres de tráfico de drogas. Algunos de los detenidos han sido vinculados con cuatro homicidios en Santa Cruz, de acuerdo con Vogel.
El jefe policial añadió que su departamento ha dejado de confiar en el Departamento de Seguridad Nacional y ya no colaborará con la agencia. "No podemos cooperar con una agencia del orden público en que no podamos confiar", detalló Vogel.
Flippo dijo que las detenciones relacionadas con la pandilla eran la culminación de una pesquisa de cinco años iniciada cuando un vecino de Santa Cruz llamó a la policía para alertar de miembros de pandillas que extorsionaban a negocios locales. Flippo señaló que su departamento había pedido ayuda a Seguridad Nacional por la notoriedad y alcance global de la banda. Las redadas se hicieron el 13 de febrero porque parecía que los pandilleros preparaban un asesinato, señaló.
Sin embargo, el jefe asistente señaló que todo indica que al menos 10 personas más a las que los agentes hallaron en la decena de viviendas revisadas en la redada del 13 de febrero fueron arrestadas bajo cargos de inmigración. Flippo explicó que aparentemente la mayoría de ellas fue liberada poco después, una vez que se les ordenó portar un dispositivo de localización satelital y se les asignó una fecha para presentarse ante una corte de inmigración.
El portavoz federal admitió que 11 personas habían sido detenidas por delitos de inmigración, pero que la policía había aceptado antes de la redada que algunos ciudadanos extranjeros podrían ser retenidos brevemente hasta que se determinaran sus identidades e historiales. Schwab dijo que eso era exactamente lo que ocurrió y que 10 de los 11 inmigrantes fueron liberados. Uno de ellos permanecía bajo custodia por su historial delictivo y posibles lazos con la investigación sobre las pandillas.
La alcaldesa de Santa Cruz, Cynthia Chase, dijo sentirse "profundamente afectada y molesta. Estoy indignada".
El jefe de policía y la regidora se disculparon a los vecinos de la ciudad por haber incumplido desde el desconocimiento la política de santuario de la ciudad.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en enero con retener los fondos federales a unas 400 localidades de todo el país que han adoptado políticas similares. Sin embargo, las autoridades federales también negaron que el nuevo gobierno tuviera nada que ver con sus planes o acciones.
Ryan L. Spradlin, agente especial a cargo de las investigaciones de Seguridad Nacional en San Francisco, dijo que "es desafortunado cuando la política se entrelaza con una operación de seguridad pública bien planificada y ejecutada".
