Los fiscales generales de 14 estados de EE.UU. presentaron una demanda federal contra el presidente Donald Trump y el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Elon Musk; argumentando que las medidas adoptadas por el dueño de SpaceX y Tesla para recortar el gasto gubernamental son inconstitucionales y solo pueden ser tomadas por un funcionario nominado y confirmado por el Senado.
«El poder aparentemente ilimitado y sin control de Musk para despojar al Gobierno de su fuerza laboral y eliminar departamentos enteros con un plumazo, o un clic de ‘mouse’, habría sido impactante para quienes ganaron la independencia de este país»; reza la denuncia presentada en un tribunal federal en Washington D.C.
La coalición, encabezada por el estado de Nuevo México, sostiene que la designación «sin una supervisión significativa» de Musk supone una «amenaza» y es «contraria a toda la estructura constitucional de la nación» al incumplir con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución; que exige que los nombramientos presidenciales de alto nivel sean examinados y confirmados por el Congreso.
«Trump ha delegado una autoridad prácticamente sin control en Musk, sin la debida autorización legal del Congreso y sin una supervisión significativa de sus actividades. Como resultado, ha transformado un cargo menor que antes se responsabilizaba de gestionar los sitios web del Gobierno en un agente designado del caos, sin limitaciones y en violación de la separación de poderes»; se lee en el documento.
14 estados demandan al DOGE, Trump y Musk
Con esta medida, los estados Arizona, Míchigan, California, Connecticut, Hawái, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington; además de Nuevo México, piden al tribunal que prohíba a Musk y a su equipo del DOGE tomar acciones para evitar que realicen cambios en el desembolso de fondos públicos, contratos gubernamentales, regulaciones o personal; así como recibir acceso o alterar los sistemas de datos.
Además, han pedido que la corte ordene al jefe del DOGE; identificar las formas en que «se utilizaron los datos obtenidos a través del acceso ilegal de la agencia» y destruir «dicho acceso no autorizado».
