El gobierno local de Bonanza realizó una inspección al proyecto de la construcción de las 14 viviendas que construyen a las familias que fueron afectadas el pasado 29 de enero del 2020 en la comunidad Alal, de la ciudad de Bonanza.
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Ese día, los habitantes de esta comunidad vivieron momentos difíciles, cuando un grupo armado llegó y les quemaron 14 viviendas y le quitaron la vida a 4 jóvenes inocentes, originarios de dicha comunidad.
Desde ese momento hasta la fecha el gobierno local de Bonanza en coordinación con el gobierno central, han dado acompañamiento a las familias afectadas. Se les ha entregado víveres y avituallamiento, al igual que se les construye sus viviendas dignas.
Las casas que se construyen, tienen una dimensión de 20 x 20 pies y solo falta que se pinten. Ya se les entregó la pintura, diluyentes y accesorios para que puedan pintarlas.
Se espera que en 15 dias todo este listo para la inauguración de dicho proyecto y poder entregar a cada familia afectada su respectiva habitación y que puedan volver a vivir dignamente.
Cabe mencionar la gran labor de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, que desde la fecha de lo ocurrido han brindado acompañamiento y seguridad a toda la comunidad de Alal, del territorio mayagna Sauni As, del municipio de Bonanza.
La comunidad Alal está ubicada a unos 40 km al noroeste de la ciudad de Bonanza y colinda al oeste con Sikilta, comunidad mayagna del municipio de Siuna y al norte con comunidades del municipio de Waspán, Río Coco. En dicha comunidad viven 78 familias y estudian 62 niños de educación primaria. También cuentan con un puesto de salud y una enfermera.
Según las investigaciones recabadas, algunos pobladores dijeron que ellos antes vivían felices y en paz con la naturaleza, pero hace unos 2 años algunos ciudadanos del mismo territorio han venido vendiendo tierras de manera ilegal a personas mestizas que han llegado de otros municipios del país y a raíz de esas circunstancias, se han dado muchos problemas en la zona. Además piden justicia y que la ley sea aplicada a los mayangnas que han vendido tierras comunales de manera ilegal. Ellos no quieren que sigan muriendo personas inocentes como las que fallecieron el pasado 29 de enero del 2020.
