Los accidentes de tránsitos, la falta de señalización en las carreteras, el uso de las bombas artesanal para la pesca ilegal, el abigeato, los robos en todas sus modalidades, el consumo, venta de drogas, y la necesidad de fortalecer el patrullaje policial en los barrios y comunidades son parte de las demandas hecha por líderes de barrios durante una asamblea abierta que fue presidida por el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía Nacional, durante su visita este martes en el departamento de Chinandega.
El ejercicio aglutinó a más de 300 líderes de los 13 municipios del departamento, quienes expusieron las principales problemáticas que atraviesan sus comunidades. “En nombre de la comunidad Sor María Romero y La Grecia Nº 4 quiero plantear la problemática que vivimos en el kilómetro 144 carretera a Somotillo, donde necesitamos bahías, andenes y señales para que nuestros ciudadanos, principalmente los niños, puedan circular con seguridad en una de las vías más transitadas por el transporte internacional y de carga”, expresó el líder Carlos Estrada.
Evelin Betancur, líder de la comunidad Santa Julia, ubicada en la península del Cosigüina, advirtió con preocupación el uso de las bombas artesanal en alta mar y la existencia de nuevos expendios de drogas en esa zona costera vecina a los países vecinos de Honduras y El Salvador. “Yo me pregunto de dónde está saliendo la bomba artesanal (…), por qué hay gente que está fabricando y comprando este tipo de explosivo nocivo que está acabando con nuestro patrimonio natural y pesca artesanal en Mechapa y Potosí, por lo que pedimos que la Policía intervenga en esta problemática que nos afecta a todos y nuestras futuras generaciones”, indicó Betancur.
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“Actualmente estamos unidos y organizados 30 compañeros que trabajamos coordinados con la Policía haciendo vigilancia en las noches oscura y lluviosas para combatir la delincuencia en Tonalá y Puerto Morazán, donde teníamos altos índice delitos de abigeato. Creemos que con nuestra colaboración también podemos hacer mucho por nuestra comunidad, muestra de ello es que tenemos 10 meses que no hemos sufrido ningún robo por esa relación afectiva Policía – comunidad”, manifestó Julio López habitante de Tonalá.
Durante la asamblea el comisionado general Francisco Díaz dijo que la Policía Nacional está haciendo asambleas de seguridad ciudadana con el objetivo de fortalecer la seguridad y tranquilidad en los 153 municipios del país, “nuestro pueblo nos demanda mayor seguridad y más cantidad de Policía, transporte y logística para dar cobertura en los barrios, parques, terminales de buses, y otros sitios, para hostigar y desarticulación de focos delictivos y expendios de drogas para que Nicaragua siga siendo un país seguro, libre de maras y pandilla”, aseguró.
Planes de seguridad integral
Además el alto mando policial aseguró que con las demandas planteadas de todos los sectores, la institución está abocada a crear un plan de seguridad integral donde pueda trabajar la familia, la comunidad, la Policía, Ejército de Nicaragua, Ministerio de Gobernación, a través de Migración y Extranjería, para resolver conjuntamente los problemas que se presenten en cada territorio del país, y así poder mejorar la seguridad ciudadana y lograr el fortalecimiento de la frontera para evitar a Nicaragua la penetración del crimen organizado por medio de las drogas y los grupos criminales llamados “Maras”.
Sobre el hallazgo de los más de 300 kilos de cocaína en las costas de Poneloya la semana pasada en León, y el reciente asesinato de un pescador, cuyo cuerpo fue abandonado dentro de una camioneta en una trocha de cañaverales en El Viejo -Chinandega, el general Díaz aseguró que continúan con las investigaciones y prometió que en las próximas 48 horas darán a conocer los resultados pertinentes de ambos casos que cobraron relevancia en el Occidente del país en los últimos días.
La asamblea se llevó a cabo en La Antigua Estación del Ferrocarril y contó con la participación de alcaldes de los 13 municipios del departamento chinandegano, delegados de las instituciones del Estado, autoridades judiciales, empresarios, productores y el secretario político departamental del Frente Sandinista.
