Cuando se cumplen cuatro meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el sur de México, en la capital se registran varias marchas de protesta convocadas por familiares y organizaciones sociales descontentos con la supuesta responsabilidad del estado en los hechos y lo que consideran como mala gestión de la investigación por parte de las autoridades.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabaja con la fiscalía mexicana como grupo de expertos independientes avalado por las familias de los desaparecidos, informó el domingo a The Associated Press de que todavía no hay «evidencias suficientes» para vincular a los desaparecidos con el hallazgo de varias bolsas de plástico que aparecieron junto a un río y en las que había restos calcinados.
Los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa estaban recaudando fondos y secuestrando autobuses y conductores para desplazarse a una marcha de protesta en la ciudad de México, como habitualmente hacían, cuando la policía municipal intervino contra ellos por órdenes del alcalde José Luis Abarca.
Después de varios ataques policiales que ya habían provocado seis muertes y un tiroteo en el que participaron también miembros del crimen organizado, el informes oficial de los hechos es que la policía entregó a los estudiantes a los narcos, quienes los asesinaron y quemó sus restos en un basurero cercano antes de arrojarlos a un río en la cercana población de Colula. La versión es cuestionada por familiares y organizaciones sociales.
Que las pruebas de ADN sobre los restos hallados no tengan prácticamente ninguna posibilidad de ofrecer resultados debido a su mal estado, alimenta la desconfianza en el estado de quienes protestan.
MEXICO (AP)
