El parlamento tailandés adoptó en primera lectura un proyecto de ley para prohibir los vientres de alquiler, una práctica comercial muy extendida en los últimos años gracias a un vacío legal, y que recientemente ha provocado numerosos escándalos.
El texto, que fue adoptado «casi por unanimidad» el jueves, prevé penas de hasta 10 años de prisión para quienes obtengan beneficios de una gestación por cuenta ajena, explicó el viernes a la AFP el diputado Wallop Tungkananurak, si bien las sanciones no conciernen a las potenciales madres de alquiler.
«Queremos acabar con la idea de los extranjeros de que Tailandia es una fábrica de bebés», añadió.
Una segunda lectura del texto está prevista para mediados de enero. La junta en el poder desde un golpe de Estado el pasado mayo anunció su intención de acabar con el comercio de los vientres de alquiler tras una serie de escándalos mediáticos, como el de una pareja australiana que el pasado agosto abandonó a un bebé con síndrome de Down, dejándolo con la joven de 21 años que lo había gestado, mientras se llevaba del país a su hermana gemela sana.
Semanas más tarde, se descubría el escándalo de la «fábrica de bebés»: un rico japonés había recurrido a madres de alquiler en serie.
La junta prometió entonces poner orden y regular este sector. A partir de ahora, toda mujer que desee ser madre de alquiler deberá superar una «entrevista» con representantes del Estado y solo serán elegibles las parejas heterosexuales que prueben su incapacidad para procrear.
Bangkok, Tailandia | AFP
