Las investigaciones sobre los ataques de policías y narcotraficantes contra estudiantes de una escuela rural de magisterio en Iguala, Guerrero (sur de México), hace un mes, que dejaron seis muertos, 20 heridos y 43 desaparecidos, apuntan a vincular a las víctimas con el crimen organizado, denunciaron sus familiares.
«Las líneas de investigación que han abierto las autoridades representan un intento de criminalizar a nuestra escuela y reducir los graves hechos a una disputa delincuencial», indica un comunicado del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural de maestros de Ayotzinapa, Guerrero, firmado junto con padres y madres de familia.
Los estudiantes y familiares de las víctimas consideran que esa hipótesis ha sido expresada por el procurador general de México, Jesús Murillo, con base en testimonios de los detenidos por las «ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzadas».
«Hay una tendencia de impulsar una línea de investigación relacionada con la disputa de las bandas delincuenciales por la plaza de Iguala (200 km al oeste) en la que los estudiantes habríamos sido utilizados por un bando», denuncian los alumnos y familiares.
Los crímenes de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre «forman parte de un patrón sistemático de criminalización y represión» contra esa escuela «desde hace décadas».
Padre Solalinde: a los 43 estudiantes «los mataron» en estado mexicano de Guerrero
Aquella noche, unos 80 alumnos habían ocupado tres autobuses en Iguala para asistir a la conmemoración anual de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en la Cuidad de México, cuando fueron agredidos a balazos.
Los alumnos recordaron que, el 12 de diciembre de 2011, una manifestación pacífica de esa escuela fue atacada con saldo de dos muertos, 24 detenidos y 9 torturados.
«Rechazamos cualquier vínculo que desde las esferas del poder se quiera hacer de nuestra histórica y emblemática Escuela Normal con grupos delictivos», insistieron.
La versión de la Procuraduría federal indica que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María Pineda, están aliados al cártel del narcotráfico «Guerreros Unidos», y ordenaron los ataques para impedir a los estudiantes que boicotearan un acto proselitista.
Esa mafia disputaría una ruta del narcotráfico en ese estado montañoso con costas en el Pacífico, con otras bandas en pelea por los restos del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, mermado desde 2009, que sufrió el más reciente golpe cinco días después de los ataques, con la detención del último hermano Héctor Beltrán, apodado El H.
Los policías y matones detenidos por esa masacre confesaron que los desaparecidos fueron asesinados, quemados y enterrados, de acuerdo con expedientes judiciales publicados el viernes.
«Sus declaraciones coinciden con las del padre Alejandro Solalinde, quien declaró ante la prensa primero (a RIA Nóvosti y el diario Der Standard de Viena, el 16 de octubre), y luego ante las autoridades (el jueves 23), que los estudiantes están muertos, y que algunos fueron quemados vivos», publicó el diario electrónico de investigación Sin Embargo, con base en el expediente judicial con las confesiones.
