El escándalo de la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en septiembre cobró el jueves la primera víctima política con la salida del cargo del cuestionado gobernador de la convulsa región de Guerrero Ángel Aguirre.
Sin apoyos políticos, el gobernador compareció ante los medios en Chilpancingo (capital de Guerrero) para anunciar que solicitó al Congreso regional que le otorgue una licencia para abandonar el cargo.
Aguirre, gobernador desde 2011 por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), dijo que con esta decisión quiere «favorecer un clima político que ponga la atención y solución de estas prioridades», en referencia a la búsqueda de los 43 desaparecidos y el castigo a los culpables.
El clamor por la renuncia de Aguirre no sólo había crecido en las masivas manifestaciones que exigen la aparición con vida de los jóvenes, quienes desaparecieron la noche del 26 de septiembre si no también por el tablero político, el oficialista PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el conservador PAN (Partido Acción Nacional) que ya habían exigido a Aguirre su salida y el PRD, acorralado por este escándalo, tuvo que unirse el jueves a este pedido.
A Aguirre se le recrimina su falta de respuesta ante las desapariciones y no haber frenado la violencia del crimen organizado que azota a la empobrecida cuidad de Guerrero, la región con los mayores índices de asesinato del país.
La indignación contra la clase política se ha disparado en México a raíz de este caso, que también ha generado reclamos desde el exterior.
Decenas de miles de mexicanos volvieron a marchar el miércoles por todo el país negándose a que este crimen se sume a la larga lista de olvido e impunidad en México, donde más de 80.000 personas han sido asesinadas y 22.000 desaparecidas desde el inicio de una ofensiva militar antidrogas en 2006.
AGENCIAS
