Las autoridades de Guatemala lanzaron hoy una operación de búsqueda de los involucrados en un enfrentamiento a tiros que dejó el sábado ocho muertos en una comunidad indígena ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital.
Al parecer, el conflicto surgió por el rechazo de la población a un proyecto minero de cemento. Los problemas se iniciaron ya en 2007 y han dejado al menos 26 muertos en este tiempo.
El ministro de Gobernación, Mauricio López, dijo que los presuntos responsables ya fueron identificados con el apoyo de familiares de las víctimas, pese a que llevaban el rostro cubierto. También se apuntó a líderes comunitarios que instigaron los hechos. El enfrentamiento del sábado dejó seis integrantes de una familia muertos dentro de su vivienda. Otros dos de los fallecidos eran supuestos atacantes, pero López advirtió que esta hipótesis está bajo investigación.
Las víctimas vendieron terrenos al proyecto
El hecho ocurrió en un pequeño caserío de nombre Los Pajoques, en Loma Alta, una de las 13 aldeas del municipio de San Juan Sacatepéquez, en el central departamento de Guatemala, cuya población mayoritaria pertenece a la etnia kakchiquel, de origen maya.
El conflicto perdura allí desde 2007 por la construcción de una cementera a cargo de una empresa de capital local, la cual, a su vez, compró terrenos a algunos pobladores para integrar el proyecto a la construcción de una carretera que se convertirá en parte de un Anillo Regional.
López dijo que la familia agredida había vendido terrenos al proyecto. La construcción de la cementera y el Anillo Regional -este último un factor estratégico para la operacion de la planta- es objeto de rechazo por un sector de los habitantes de San Juan Sacatepéquez, aunque la empresa propietaria, Cementos Progreso, ha desarrollado una amplia estrategia ambiental y laboral en las comunidades cercanas.
Los opositores al proyecto denuncian persecuciones y amenazas por parte de la firma. También denunciaron, que entre 2007 y 2008 hubo además 17 asesinatos relacionados al conflicto a manos de «un cuerpo ilegal» vinculado a los intereses del proyecto.
La construcción de la planta se inició en julio de 2013, con una inversión de 720 millones de dólares, y concluirá en 2016. El presidente Otto Pérez, quien promueve la inversión en el país, acudió a la colocación de la simbólica primera piedra.
