La Policía española desarticuló una organización acusada de dedicarse a la explotación sexual de más de 200 mujeres rumanas desde 2002 en carreteras y clubes de la provincia de Barcelona.
Las mujeres eran captadas en su país y llevadas a España para ser obligadas a prostituirse para pagar la deuda contraída con el viaje ilegal.
Entre las jóvenes se encuentran cuatro menores de edad, una mujer con discapacidad psíquica e incluso las parejas sentimentales y familiares de los proxenetas. Una de las víctimas, de 24 años, acabó suicidándose.
La estrecha colaboración con la policía rumana permitió la identificación completa de los 18 miembros del grupo, así como de otras víctimas de la misma organización.
