El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará este lunes, en su sede en Washington, Estados Unidos, el caso de Argentina en torno a la reestructuración de la deuda y los litigios con los fondos buitres; y además estudiará la propuesta de convocar una reunión de cancilleres para el próximo jueves.
De acuerdo con un comunicado del bloque, la sesión extraordinaria se efectuará a las 10H00 locales (14.00 GMT) y en ella los representantes permanentes de los 33 Estados parte abordarán las consecuencias sistemáticas del pago de los fondos buitres.
En tanto, la propuesta argentina es convocar la cita de ministros de Exteriores para el día jueves, con la presencia y participación especial del canciller de ese país suramericano, Héctor Timerman, y del ministro de Economía, Axel Kicillof.
La solicitud proviene de la misión permanente de Argentina, con el propósito de considerar el tema «Reestructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas».
Los fondos buitres representan un capital que inversionistas destinan a un Estado que se ha declarado en default o cesación de pagos y necesita ayuda económica. Luego, quienes hacen la inversión exigen un pago único del 100 por ciento de la deuda, situación que generalmente deviene en litigios.
En el caso de Argentina, estos litigios fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde se rechazó la apelación de Buenos Aires y se falló a favor de un grupo minoritario de tenedores de títulos no reestructurados de la deuda soberana.
Al respecto el juez estadounidense Thomas Griesa ha condenado en dos oportunidades a Argentina a pagar la deuda a los acreedores de los fondos, un fallo que para Buenos Aires busca «empujar a Argentina al default y destruir el acuerdo de reestructuración de 2005 y 2010 que alcanzó con el 92,4 por ciento de los acreedores».
El jueves pasado, Argentina giró más de mil millones de dólares en concepto de capital e intereses para cumplir con el pago correspondiente al 30 de junio, a los bonistas que entraron en el canje de deuda. Sin embargo, el Juez bloqueó el pago y ordenó devolver el dinero al Banco Central de Argentina.
Buenos Aires denunció que Griesa incurrió en abuso de autoridad y se excedió en su jurisdicción, «porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias siderales».
