El grupo de defensa musulmán SALAM y la Coalición Nacional para la Protección de las Libertades Civiles publicaron un estudio en el que critican los métodos del Gobierno federal de EE.UU. para identificar y procesar a los presuntos terroristas.
De acuerdo con el informe titulado ‘Inventando terroristas: La guerra legal de la Acusación Preventiva’ (‘Inventing Terrorists: The Lawfare of Preemptive Prosecution’), el 95% de las detenciones relacionadas con el terrorismo supuso una persecución injusta de los musulmanes estadounidenses por parte del FBI en el marco de la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ después de los atentados del 11-S.
El estudio, de 175 páginas, analiza los casos de 399 individuos incluidos en la lista del Departamento de Justicia de EE.UU. desde 2001 hasta 2010. Se trata del primer documento que examina y critica los casos que implican la práctica que los grupos denominan «acusación preventiva». Los autores definen este tipo de acusación como «una estrategia de aplicación de la ley adoptada después del 11-S para atacar y perseguir a individuos u organizaciones cuyas creencias, ideología o filiación religiosa plantean problemas de seguridad para el Gobierno».
«El 74% de los casos que las autoridades llaman ‘terroristas’ fueron lo que llamamos casos de acusación preventiva. El 20% contenían lo que llamamos elementos de la acusación preventiva, cuando se trata de un crimen real», escribió la coautora del informe, la fiscal Kathy Manley. Es decir, cuando se trataba de una persona sospechosa, el Gobierno simplemente calificaba un caso como «terrorista» o agregaba cargos relacionados con el terrorismo a un crimen real.
De acuerdo con el informe, después de los ataques del 11-S sólo 11 casos representaban una amenaza «potencialmente significativa» para EE.UU.
Una de las estrategias del FBI también criticada en el informe involucraba «el uso de agentes provocadores para atrapar ‘objetivos’ en planes criminales fabricados y controlados por el Gobierno». «El Gobierno utiliza a los agentes provocadores para centrarse en individuos con ideologías disidentes y luego proporciona a esos provocadores misiles falsos, bombas, armas, dinero y la planificación técnica y estratégica necesaria para comprobar si dicho individuo puede ser manipulado para la preparación de una acción violenta o criminal», concluye el informe.
Por su parte, Steven Downs, abogado del SALAM dijo a RT que «lo que realmente están tratando de hacer es convencer al público estadounidense de que existe este gran Ejército de terroristas potenciales a los que deben tener miedo» para seguir con su programa de vigilancia masiva.
