Alemania acuerda plan para agilizar las deportaciones

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La canciller alemana, Angela Merkel, acordó con los primeros ministros de los estados federados un plan para agilizar la deportación de extranjeros sin derecho a asilo, con el objetivo de evitar un efecto llamada y mejorar la seguridad.

En rueda de prensa tras una reunión en la Cancillería, Merkel aseguró que los procesos se llevarán a cabo con todas las garantías judiciales, pero subrayó la necesidad de mejorar con urgencia la ejecución de las órdenes de expulsión y recordó el atentado registrado en Berlín en diciembre con doce muertos.

El responsable de ese ataque terrorista, Anis Amri, había usado hasta catorce identidades en Alemania y, aunque hacía meses que su petición de asilo había sido rechazada, no había sido expulsado porque faltaba la documentación de su país de origen, Túnez.

El plan acordado con los estados federados incluye, por ejemplo, la posibilidad de que los funcionarios de extranjería accedan a la memoria de los teléfonos móviles (celulares) de los solicitantes de asilo como vía para identificarlos cuando no presentan papeles o haya dudas.

Según cifras de la Oficina Federal para las Migraciones y los Refugiados (BAMF) citadas por el diario "Die Welt", a últimos de 2016 vivían en Alemania 207.484 personas pendientes de expulsión, cifra que podría elevarse hasta las 485.000 a finales de año, dado el volumen de procesos todavía pendientes.

Las deportaciones y retornos voluntarios han ido aumentando y se ha pasado de los 58.000 en 2015 a alrededor de 80.000 el año pasado, pero, como señaló Merkel, todavía queda "mucho trabajo por delante" y es necesario seguir negociando con muchos países que se resisten a reconocer a sus compatriotas y a aceptar las deportaciones.

"Asumimos este reto con el espíritu de que queremos ayudar a la gente que necesita protección, por lo que el resto debe abandonar el país", recalcó la canciller, quien destacó la apuesta por incentivar con ayudas públicas el retorno voluntario de los extranjeros y su reintegración en sus lugares de origen.

El proyecto acordado hoy amplía el periodo de internamiento previo a la deportación, principalmente en caso de personas que supongan una amenaza para Alemania; plantea la creación de centros para ello, permite la restricción de movimientos tras recibir una orden de expulsión y aumenta la vigilancia.

Queda todavía en estudio la puesta en marcha de un centro federal para coordinar las deportaciones, ahora en manos de los estados federados, así como la ampliación de competencias de la policía federal, propuestas del Ministerio alemán de Interior que han sido recibidas desigualmente por los "Länder".

Sí acordaron los responsables políticos que, cuando sea posible, las deportaciones se realicen directamente desde los centros de primera acogida en los que son alojados los solicitantes de asilo, al considerar que los procesos son más problemáticos una vez que se integran en los municipios.

"La mayoría sabe que no tiene derecho a ninguna protección cuando llega aquí y debe saber que nos tomamos en serio que tienen que irse", señaló el primer ministro de Mecklenburgo-Antepomerania, el socialdemócrata Erwin Sellering.

Alemania recibió el año pasado a 280.000 peticionarios de asilo, lo que supuso un descenso del 68 % con respecto al año anterior, cuando llegaron 890.000 personas buscando refugio.

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