En el segundo interrogatorio al que se somete a autoridades del Vaticano este año, la Santa Sede trató el lunes de limitar su responsabilidad por el escándalo de abusos sexuales en el mundo al contradecir los argumentos en el sentido de que violó un tratado internacional contra la tortura y las prácticas inhumanas.
Es la primera vez que la comisión encargada de supervisar la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que el Vaticano ratificó en 2002, llama a cuentas a la Santa Sede.
El arzobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano ante las Naciones Unidas en Ginebra, no perdió tiempo para señalar que su responsabilidad para aplicar las disposiciones del tratado contra la tortura sólo aplican dentro de los confines de la pequeña ciudad del Vaticano, que tiene menos 1.000 habitantes u cuya área es menor a una 800 metros cuadrados (media milla), lo que lo hace el país de menor extensión en el mundo.
«La Santa Sede piensa concentrarse exclusivamente en la ciudad-Estado del Vaticano», dijo a la comisión. «Las autoridades estatales están obligadas a proteger y en caso necesario, a perseguir a personas que estén bajo su jurisdicción».
En la primera pregunta, la integrante de la comisión Felice Gaer inquirió al vaticano por qué su primer informe se presentó nueve años después de ratificar la convención. Gaer, estadounidense experta en derechos humanos, criticó después la «presunta distinción» entre Ciudad del Vaticano y la Santa Sede.
La diferenciación, dijo «crearía importantes huecos en la cobertura» del tratado y el uso de la «jerga legal» es preocupante.
«Llamamos a todos los integrantes a adherirse estrictamente al significado de la convención», dijo Gaer a la delegación vaticana encabezada por Tomasi.
El interrogatorio concluyó luego de dos horas para permitir que la delegación vaticana prepare sus respuestas para el martes, cuando la audiencia se reanude. Tomasi reconoció que existen diferencias sobre «la línea de la responsabilidad legal y moral» para la puesta en operación del tratado.
Dijo que ha habido «una estabilización y la declinación en los casos de pedofilia» en la iglesia, lo que indica que las medidas puestas en práctica por la Santa Sede y las diócesis locales «están generando resultados positivos». «La iglesia tiene que hacer su propia limpia. Lo ha hecho durante los pasados 10 años», dijo.
Una comisión de la ONU que supervisa un tratado clave sobre los derechos de los niños criticó a la Santa Sede en enero al acusarla de privilegiar sistemáticamente sus intereses sobre los de las víctimas al permitir a sacerdotes violar y acosar a miles de niños al aplicar sus propias políticas y códigos de silencio. Esa comisión rechazó un argumento similar presentado por el Vaticano para limitar su responsabilidad.
Si la comisión de Naciones Unidas encuentra que el abuso se equipara con la tortura y tratos inhumanos se podría abrir la puerta a innumerables demandas que se remontan a décadas atrás porque no hay limitaciones en el estatuto en casos de tortura, dijo Katherine Gallagher, una abogada especializada en derechos humanos en el Centro de Derechos Constitucionales, un grupo sin fines de lucro con sede en Nueva York.
El grupo presentó informes a nombre de víctimas ante ambas comisiones pidiendo a la ONU un escrutinio más minucioso de los registros de la iglesia sobre abuso de menores.
Gallagher dijo que la violación puede ser considerada una forma de tortura porque incluye elementos de intimidación, coerción y explotación de poder y que el argumento de que la responsabilidad de la Santa Sede sólo corresponde a los límites de Ciudad del Vaticano es «falso».
Cuando firmaron el tratado las autoridades vaticanas dijeron que lo hacían a nombre de Ciudad del Vaticano, no de la Santa Sede, que es el organismo rector de la iglesia en el mundo. El vocero vaticano Federico Lombardi dijo a Radio Vaticano el viernes que la iglesia espera que la comisión que revisa al tratado contra la tortura evite quedar «reducida a herramientas de presión ideológica en lugar de ser el estímulo necesario hacia el progreso deseado hacia el progreso deseado en la promoción de los derechos humanos».
La comisión de la ONU, compuesta por expertos independientes en lugar de representantes de los estados miembros, emitirá sus observaciones finales y recomendaciones el 23 de mayo.
GINEBRA (AP)
