Luego de medio siglo de sangrientos combates y cuatro años de tensas negociaciones para llegar a la paz, comienza el trabajo duro para Colombia.
Los 7.000 guerrilleros que se estima tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregarán sus armas durante los próximos seis meses a un grupo supervisado por las Naciones Unidas.
Pero una vez en efecto el cese del fuego permanente tocará abordar una cuestión sensible: la justicia y compensación de las millones de víctimas del conflicto. Parte del trato incluye que los rebeldes que confiesen sus crímenes evadirán penas en prisión y a cambio deberán realizar servicios comunitarios en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Este punto no ha caído bien entre los colombianos y es el principal factor por el cual muchas personas anticiparon que votarán por el «no» en el plebiscito del 2 de octubre para refrendar el acuerdo.
«La verdad yo sé que esos señores de las FARC son muy complicados, pero desde que no haya más muertos yo me aguanto cualquier cosa, incluso que esos señores no paguen cárcel», dijo a The Associated Press Laura Sánchez, una estudiante de enfermería de 24 años que llegó a Bogotá en 2009 con su familia huyendo de la violencia de su natal departamento de Arauca.
Según las últimas encuestas el «sí» triunfaría por un amplio margen en la consulta popular del domingo.
«Como familia esperamos que pueda ser un real paso hacia la reconciliación entre los colombianos… Esperamos ansiosos cuál va a ser el veredicto del pueblo el próximo domingo», dijo Juan Sebastián Lozada a AP.
Lozada, su madre y su hermano fueron secuestrados en julio de 2001 por las FARC. Por entonces él tenía 15 años y su hermano 17.
«La vida me cambió totalmente. Me tocó madurar a los golpes. Perdí en la selva los mejores años de mi vida», recordó emocionado.
Los jóvenes estuvieron tres años secuestrados y fueron liberados tras el pago de un rescate. Su madre recuperó la libertad recién en 2008.
Las marcas de la violencia no sólo están en la memoria. También están en la tierra en miles de minas plantadas en varias regiones del país que el gobierno y las FARC se han comprometido a extraer de manera conjunta.
El martes las autoridades informaron que mientras la víspera el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», ponían su firma al acuerdo de paz un niño murió en un alejado poblado del interior al pisar una mina antipersonal.
«Entró a un sembrado de plátano y murió por la explosión de la mina», dijo el ministro Rafael Pardo, Alto Comisionado para el Postconflicto. El menor tenía seis años y estaba jugando al fútbol.
Pardo indicó que hay unos 700 poblados sembrados de minas y que removerlas llevará cinco años y unos 320 millones de dólares.
Para el largo plazo las partes establecieron un plan de desarrollo de las zonas rurales de Colombia que incluye terminar con la desigualdad en la distribución de la tierra y erradicar los cultivos ilegales de coca que en la década de 1980 fortalecieron a las FARC.
«Este es sólo un principio», dijo a AP el vendedor ambulante Tayron Vega, de 53 años, y para quien las desigualdades sociales que llevaron en el pasado a la violencia siguen presentes en Colombia.
Otro riesgo para la seguridad es la permanencia en actividad de un grupo guerrillero más pequeño, pero más ideologizado, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Junto con algunos grupos armados esa organización podría intentar llenar el vacío que deje el retiro de las FARC.
El gobierno y el ELN anunciaron que mantienen conversaciones para un desarme, pero esas pláticas están sujetas a que el grupo abandone los secuestros.
Esta semana, el ELN ordenó un cese unilateral del fuego para permitir el plebiscito del acuerdo con las FARC, un gesto que indicaría que están dispuestos a flexibilizar sus posiciones, aunque hasta ahora no se ha manifestado sobre la eventual liberación de los detenidos.
En la ceremonia del lunes «Timochenko» pidió perdón a las víctimas del conflicto y Santos dio la bienvenida a la vida civil a quienes por años, reconoció, fueron sus mayores enemigos.
Un día después de la firma, el país se mueve entre el deseo del fin de la guerra y el escepticismo.
«¿Será que ahora las FARC ya no van a molestar más? Ah, yo no creo», dijo Jaime Cristancho, un taxista de 49 años.
Por ahora Colombia no está sola en la reconstrucción tras la guerra. La víspera la Unión Europea sacó a las FARC de su lista de organizaciones terroristas y creó un fondo de 600 millones de euros para el postconflicto.
El martes, en tanto, la OEA renovó su programa para trabajar en las poblaciones que estaban bajo el control de la guerrilla, informó el secretario general de la organización Luis Almagro.
