El próximo 6 de noviembre, Nicaragua celebrará elecciones presidenciales. De cara a esta cita electoral es interesante analizar cuál ha sido el desempeño de la economía del país centroamericano durante la última década, misma que coincide con el mandato presidencial de Daniel Ortega.
En medio de un escenario económico desfavorable a nivel mundial, Nicaragua se ha destacado por mantener un nivel de crecimiento superior al promedio de los países de América Latina y el Caribe. Para 2011, el país centroamericano alcanzó un récord al expandir su Producto Interno Bruto un 6,2 %[1].
A partir de esa fecha, pese a registrar una leve desaceleración del crecimiento, mantiene un dinamismo que si bien no es óptimo, le ha permitido enfrentar las turbulencias económicas derivadas de la crisis económica y financiera que sigue golpeando al mundo de forma sostenida. Un hecho clave han sido las alianzas construidas durante la gestión del presidente Daniel Ortega en el marco del ALBA, muchas de ellas vitales para lograr un crecimiento económico promedio del 5,2%[2] en el último lustro, promedio alcanzado solamente por 5 países en toda la región.
Puede atribuirse esta expansión al crecimiento de las exportaciones y de la inversión. Las primeras tuvieron a finales de 2015 una participación 10,3 veces mayor en el PBI con que lo que representaban en el año 2006[3]. Este crecimiento fue promovido por la exportación de carne vacuna y de oro, y referido tanto por el aumento del volumen exportado como por el precio de los estos productos.
La inversión incrementó su participación un 9%[4] también con respecto a 2006, llegando a registrar una participación del 31%[5] en el año 2015. Asimismo aumentó la participación de la inversión extranjera directa llegando a alcanzar un 9,6% del PBI en 2011 y un 6,6% promedio en la década, significando un gran alivio en la balanza de pagos.
Además del crecimiento en la actividad interna del país, se muestra una reducción en los niveles de endeudamiento externo. La deuda externa respecto al PBI pasó del 66,7% en 2006 al 40,1% en el año 2015. Pero los indicadores macroeconómicos no son los únicos que evidencian mejoras considerables en los últimos nueve años. Las diversas medidas que ha adoptado el gobierno nicaragüense y que han hecho florecer su economía, también han estado enfocados en aportar beneficios sociales a través de políticas públicas que han priorizado la inversión social.
Se destaca el Plan Techo, que se basa en la entrega de insumos básicos para mejorar las viviendas de las familias más vulnerables y pretende llegar a las zonas rurales a nivel nacional. En 2015 el programa benefició a 121 mil 500 familias, y al finalizar el año 2016 prevén haber entregado 750 mil planes techo en todos los departamentos del país.
Desde el 2007 existe el programa de microcrédito Usura Cero, destinado a familias en situación de extrema pobreza en las áreas urbanas. Éste ofrece acceso a microcréditos y programas de capacitación para mujeres, con la meta de crear unas 95 mil pequeñas empresas de calidad que permitan contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus beneficiarias. Desde su creación el programa ha atendido a 193 mil mujeres.
Entre tanto, uno de los planes sociales más importantes es el denominado Hambre Cero, que se suma a los esfuerzos del gobierno para reducir la pobreza, principal flagelo que aqueja al país. En este sentido, busca cubrir las 75 mil familias rurales que viven en extrema pobreza. Su transferencia se percibe en la entrega directa de un bono productivo alimentario en especie, asistencia técnica para las familias que no cuentan con tierra adecuada para criar animales y un bono de patio incondicional para aumentar la producción de comida para la auto subsistencia que consiste en la entrega de bienes en especie equivalentes a los 146 dólares. La combinación de estos programas sociales ha permitido reducir la pobreza de un 42,5% en 2009 a un 30% el 2014.
Como puede observarse el gobierno de Daniel Ortega se centró en priorizar la distribución hacia las grandes mayorías rezagadas del país, potenciando el consumo interno al mismo tiempo que disminuye la cantidad de gente en situación de indigencia y pobreza. Quedan grandes esfuerzos por hacer en materia productiva y laboral pero no hay como hacer esto sin antes reconstruir una base social, algo que ha sabido trabajar este gobierno.
