Explicó que a diferencia del tráfico de emigrantes, la trata de persona tiene un componente de no aceptación, en tanto prevalece el engaño o los conminan a realizar cosas debido a la dependencia a las drogas.
Precisó que Panamá es un país de tránsito, tal vez por eso sea la modalidad más recurrente, de ahí la necesidad de coadyuvar esfuerzos, incluyendo el de la ciudadanía, para combatir este delito.
Recientemente el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, resaltó que las redes desarticuladas operaban en zonas residenciales de la capital, y en las cuales todas las mujeres eran obligadas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero.
Incluso, algunas se dedicaban al tráfico de seres humanos, al cobrarle a los emigrantes por el traslado de un país a otro, acotó.
Baloyes afirmó que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, las víctimas explotadas sexualmente son contactadas por reclutadores que les prometen oportunidades de trabajo y luego, al llegar a Panamá, les quitan los pasaportes y las obligan a prostituirse.
Indicó que para ello las organizaciones colocan anuncios en las redes sociales y en los medios de comunicación social, al tiempo que controlan los sitios destinados a dicha actividad, generalmente apartamentos donde no levanten la menor sospecha y ofrezca cierto confort a sus clientes.
Un informe de 2015 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas, refiere que el Gobierno istmeño tuvo avances limitados en la protección a las víctimas, aunque los esfuerzos de protección todavía son inadecuados y la mayoría de las víctimas identificadas no recibieron servicios.
Según cálculos estimados, a nivel mundial esta actividad y sus diferentes modalidades reporta ingresos por 32 mil millones de dólares.
