Turquía removió a cerca de 8.000 efectivos de seguridad de sus puestos el jueves, informaron los medios estatales, que precisaron que esta última purga tras el fallido golpe de estado del 15 de julio afectó a policías y gendarmes.
Un total de 7.669 policías fueron apartados de sus funciones junto a 323 integrantes de la gendarmería, que se encarga de temas de seguridad doméstica.
Turquía acusa al clérigo Fethullah Gulen que vive en Estados Unidos de haber ordenado el golpe de Estado, que provocó la muerte de 240 personas, sin incluir a 24 golpistas.
Ankara lo acusa de haber levantado un «estado paralelo» y afirma que sus seguidores han infiltrado las instituciones estatales.
Gulen, de 75 años, que vive desde hace 15 años exiliado en Pensilvania, niega las acusaciones.
Después del intento fallido de golpe, todos los organismos del Estado han sido reestructurados, en una operación que Erdogan ha calificado como una limpieza del «virus» inoculado por Gulen.
Unas 520 personas fueron removidas del directorio que se encarga de temas religiosos, mientras que este jueves 543 fiscales y jueces fueron apartados de sus funciones y están siendo investigados, informó la cadena NTV, que cifró en 3.390 el total de funcionarios judiciales afectados.
Durante el día, el Ministerio de Defensa anunció que otros 820 efectivos militares, sin incluir a generales y almirantes, fueron apartados, indicaron medios locales.
Desde julio, un total de 4.451 efectivos de las fuerzas armadas han sido apartados de sus funciones, incluyendo 151 generales y almirantes.
El mes pasado, primer ministro turco Binali Yildirim indicó que unas 40.000 personas han sido detenidas y que más de 20.000 siguen presas.
