Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), denunciaron este miércoles en la OEA un «golpe de Estado» contra Dilma Rousseff después de que fuera destituida de la presidencia de Brasil.
El representante alterno de Nicaragua, Luis Ezequiel Alvarado, condenó un «golpe de Estado parlamentario» luego que el Senado brasileño, en un fallo histórico, puso un dramático fin a 13 años de gobiernos de izquierda en el gigante sudamericano.
Ello «demuestra que las fuerzas regresivas del hemisferio siguen trabajando con el objetivo de desestabilizar y provocar golpes de Estado en contra de los gobiernos progresistas de la región», añadió Alvarado.
Previamente, las representaciones de Ecuador, Bolivia y Venezuela se habían pronunciado de manera similar.
Tanto Ecuador como Venezuela anunciaron el retiro de sus representantes diplomáticos en Brasil y Caracas anunció que congeló sus relaciones con Brasilia.
En respuesta, una representante brasilera agradeció las «manifestaciones de solidaridad en este momento difícil de nuestra historia».
En Brasilia, una mayoría de 61 senadores se pronunciaron a favor de la destitución de Rousseff, bastante más de los 54 votos (dos tercios de los 81 senadores) que se necesitaban para su condena.
Sin embargo, el Senado rechazó en una segunda votación la propuesta de que la ex guerrillera, de 68 años, quedara inhabilitada para ejercer cargos públicos.
El voto cierra una sangría política que desde hace nueve meses mantiene en vilo a la mayor economía de América Latina, en vías a su peor pérdida de riqueza en 80 años y que tiene a los principales partidos embarrados en causas de corrupción.
