«¿Por qué no los visitan, vierten gasolina en sus casas y les prenden fuego para mostrar su rabia?», dijo Ronald dela Rosa en un discurso difundido en televisión el viernes.
«Están disfrutando su dinero, dinero que destruye sus cerebros. Ustedes saben quiénes son los señores de la droga. ¿Quieren matarlos? Adelante. Matarlos está permitido porque ustedes son las víctimas».
Dela Rosa hablaba de esta forma el jueves ante varios cientos de toxicómanos en la región central de Filipinas.
Los comentarios de Dela Rosa, que el viernes se disculpó ante el aluvión de críticas, son un paso más en las directrices impuestas por Duterte, que han despertado la preocupación de Naciones Unidas y de las organizaciones proderechos humanos.
El nuevo presidente filipino, llegado al poder en mayo, prometió matar a decenas de miles de criminales con el objetivo de eliminar las drogas ilegales del país en seis meses.
Días después de ser elegido Duterte ofreció a oficiales de seguridad recompensas por los cuerpos de traficantes de drogas.
La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, Agnes Callamard, ha afirmado que estas medidas «incitan a la violencia y el asesinato, un crimen según el derecho internacional», pero tanto Duterte como Dela Rosa aseguran que trabajan dentro de la ley y que sus comentarios son simples «hipérboles» para asustar a los traficantes.
Desde el inicio de la campaña contra las drogas han muerto 1.946 personas, según explicó el propio Dela Rosa al Senado.
Muchos filipinos siguen apoyando a Duterte, aceptando su argumento de que se necesitan medidas drásticas para impedir que Filipinas se convierta en un «narcoestado».
Pero las controversia sigue aumentando, así como el miedo creciente a que las fuerzas de seguridad y asesinos a suelo estén matando indiscriminadamente a personas por la mera sospecha de su participación en el tráfico de drogas o directamente sin relación alguna con este negocio.
