Tras un crucial acuerdo de paz con la guerrilla FARC, Colombia inicia este jueves la cuenta regresiva hacia el plebiscito con el que se busca hacer realidad lo negociado para dejar atrás más de medio siglo de guerra interna.
Los colombianos recibieron con alegría, pero también con escepticismo, el pacto alcanzado el miércoles entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que para ser efectivo deberá ser aprobado en una votación convocada para el 2 de octubre.
«Queda en manos de ustedes de todos los colombianos decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación», dijo el presidente al anunciar al país el comienzo del fin «del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra».
Santos, un político de centroderecha artífice de las negociaciones que se desarrollaron en Cuba desde noviembre de 2012, anunció que este jueves enviará al Congreso el texto definitivo del acuerdo final de seis puntos, y lo publicará para que «nadie» pueda decir que no lo conoce.
Lo pactado con la mayor guerrilla de Colombia, surgida de una sublevación campesina en 1964, permitirá superar en gran parte un enfrentamiento que ha involucrado a grupos armados de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas estatales, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
Con ilusión, muchos ondeaban en Colombia el miércoles banderas patrias y agitaban globos blancos celebrando la noticia. «Es clamor popular, un grito nacional para que se acabe esta guerra fratricida», confió a la AFP José Cruz, un activista por los derechos humanos.
El cuarto proceso de paz con las FARC luego de intentos fallidos en 1984, 1991 y 1999, prevé compromisos para solucionar el problema agrario y enfrentar el del narcotráfico, fuente de financiación de la violencia. Además, establece mecanismos de reparación a las víctimas y de justicia, así como de participación política de los futuros excombatientes.
Un alto al fuego bilateral y definitivo y el desarme de los rebeldes en un plazo de seis meses contados desde su concentración en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia, están contemplados en el pacto de La Habana, que adjudica a la ONU y observadores internacionales la supervisión del proceso.
– «Una oportunidad de pasar la página» –
Para el analista Jorge Restrepo, este acuerdo no sólo termina con la política con armas, sino que permite a Colombia dedicarse «por fin» a los problemas de política pública pendientes y atacar «de manera más efectiva» problemas que ha exportado, en particular el de las drogas.
«Es una oportunidad de pasar la página», enfatizó el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), sobre el dilema de seguir buscando venganza por el «inmenso daño» que las FARC hicieron la país, o tomar el «camino del perdón».
Colombia «debe perdonar» los crímenes cometidos por las FARC, y esa guerrilla debe cumplir el acuerdo alcanzado con el gobierno, dijo a la AFP Roberto Saénz, hermano del abatido jefe guerrillero Alfonso Cano, un exconcejal de Bogotá que nunca se unió a la guerrilla.
Con el cierre de la negociación en Cuba, las FARC se aprestan a compartir con sus tropas el texto y su máximo líder, Rodrigo Londoño, conocido como Timoleón Jiménez, insta a «buscar la reconciliación».
El gobierno de Santos, en tanto, se aboca de lleno a la campaña para lograr la validación del acuerdo en las urnas, que podrá ser aprobado con al menos 4,4 millones de votos afirmativos (13% del padrón electoral) y que no sean superados por el «no».
No todos los colombianos ven con buenos ojos lo negociado con las FARC. Un sector influyente liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se opone firmemente al proceso de paz en La Habana.
«¿En el caso de delitos de lesa humanidad eliminarían la impunidad, la elegibilidad, entregarán el dinero, responderán por el narcotráfico?», se preguntó el actual senador en un tuit el miércoles tras el anuncio del acuerdo.
Según lo negociado en Cuba, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión.
