Australia aceptó cerrar el controvertido campo de retención de migrantes de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, donde trasladó a cientos de solicitantes de asilo, anunció este miércoles el gobierno papú, sin especificar la fecha del cierre.
La muy criticada política australiana en materia de inmigración sufrió en abril un primer revés, cuando la corte suprema papú estimó «ilegal y anticonstitucional» que Australia traslade a solicitantes de asilo a este campo de detención situado en territorio papú.
«Papúa Nueva Guinea y Australia están de acuerdo en que se debe cerrar el centro», declaró en un comunicado el primer ministro papú, Peter O’Neill, tras conversar en Port Moresby con el ministro australiano de Inmigración, Peter Dutton.
«Es importante no precipitarse en este proceso que debe llevarse a cabo de manera cuidadosa», añadió.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos critican con severidad la política australiana y no paran de denunciar las condiciones de vida de los migrantes en Manus y en otros centros de retención «offshore» abiertos por Australia.
Dutton afirmó que su gobierno trabajaba con el ejecutivo papú para cerrar el centro de Manus y proponer a los migrantes una eventual instalación en Papúa Nueva Guinea o el regreso a sus países de origen.
Pero el ministro australiano agregó que no habría cambio en la restrictiva política de su país en materia de migración.
«Nuestra posición, reafirmada hoy en Papúa Nueva Guinea, es que ningún ocupante del Centro de Tratamiento Regional de la Isla de Manus podrá instalarse nunca en Australia«, subrayó.
Australia lanzó en 2013 la operación «Fronteras Soberanas» para impedir la llegada por mar de refugiados a territorio australiano. La marina intercepta sistemáticamente los barcos con migrantes, que devuelve hacia su punto de tránsito, a menudo Indonesia.
Los migrantes que, en cambio, alcanzan las costas australianas son trasladados a campos de retención en terceros países, como el de Manus.
Canberra afirma que esta política permite salvar vidas, pero médicos, abogados y numerosas asociaciones denuncian el sistema australiano de deportación de inmigrantes y las condiciones en los campos «offshore».
