El conflicto entre la libertad religiosa y los derechos de los gays tiene un nuevo campo de batalla: las escuelas religiosas en California.
Una propuesta de ley considerada en la legislatura del estado eliminaría la tradicional exención de las leyes antidiscriminación para instituciones religiosas, exponiendo potencialmente a las escuelas a demandas de estudiantes y profesores por violación de derechos civiles.
Algunas escuelas dicen que la medida es un ataque contra su libre ejercicio de religión y dicen que la exención les permite elaborar políticas en los campus que se ajustan a su fe.
Actualmente, las instituciones religiosas pueden asignar dormitorios sobre la base de sexo, no identidad de géneros, y penalizar a estudiantes por violar códigos morales de conducta, que pueden incluir cláusulas anti transgénero y sexualmente estrictas.
Derry Connolly, presidente de la Universidad Católica John Paul the Great, en Escondido, se quejó de que la propuesta trata de obligar a las escuelas a «cambiar 2.000 años de enseñanzas para alinearse con la ideología LGBT«.
«No se trata más de dejar que otros vivan sus vidas. Es ‘si no te ajustas a nosotros te vamos a llevar a la corte»’, dijo.
La propuesta enfrenta una prueba en la Asamblea, tras pasar por el senado.
Patrocinadores de la medida dicen que la misma sería la primera de su tipo en el país y crearía un espacio seguro para estudiantes LGBT.
Su autor, el senador demócrata Ricardo Lara, argumenta que los estudiantes que asisten a universidades y colegios religiosos deberían tener las mismas protecciones que los estudiantes de otras escuelas.
«Los oponentes de la igualdad de los LGBT han estado usando el pretexto del ejercicio de la religión para justificar discriminación», dijo Rick Zbur, director ejecutivo del grupo de activismo Equality California.
Bajo la propuesta, las escuelas tendrían que revelar si han recibido exenciones de las reglas federales contra discriminación a estudiantes actuales y aspirantes, además de profesores y otro personal.
Algunos funcionarios dicen que temen que la medida significaría que ellos no podrían firmar un acuerdo con el estado que es necesario para recibir becas para estudiantes de bajos ingresos. Funcionarios escolares dicen que, para poder firmar los acuerdos, necesitan la exención de las leyes que prohíben discriminación.
Patti Colston, portavoz de la Comisión de Asistencia a Estudiantes en California, dice que nada en la medida impediría explícitamente que una institución religiosa participase voluntariamente en las Becas Cal. Sin embargo, crearía una vía para acción legal por acusaciones de discriminación.
