Indonesia ejecutó el viernes a cuatro personas condenadas por delitos de drogas, pese a las protestas internacionales, y señaló que decidiría más tarde la fecha de hasta 10 ejecuciones más.
Un indonesio y tres nigerianos fueron fusilados poco después de la medianoche, hora local, mientras una lluvia torrencial caía sobre la isla prisión de Nusa Kambangan, donde se retenía a los condenados a muerte.
El gobierno había dicho esta semana que 14 personas en corredor de la muerte, la mayoría extranjeros, serían ejecutados por delitos relacionados con las drogas.
Los ejecutados fueron el indonesio Freddy Budiman y los nigerianos Seck Osmane, Michael Titus y Humphrey Jefferson.
Parientes, grupos de derechos y gobierno extranjeros habían instado a Indonesia a eximir de la pena capital a los 14 reos, pero no estaba claro si eso había tenido alguna influencia en la decisión de no realizar todas las ejecuciones a la vez. Abogados y grupos de derechos habían expresado serias dudas sobre la condena de Jefferson, que llevaba más de una década en prisión, así como sobre las condenas de la mujer indonesia Merri Utami y el paquistaní Zulfikar Ali.
Se trata de la tercera serie de ejecuciones en el gobierno del presidente Joko «Jokowi» Widodo, elegido en 2014 y que basó su campaña en promesas de que mejoraría el respeto a los derechos humanos en Indonesia.
El gobierno ejecutó el año pasado a 14 personas condenadas por delitos de drogas, la mayoría extranjeros, provocando una gran indignación en el extranjero, especialmente en Australia, que tenía a dos ciudadanos entre los condenados.
Las últimas ejecuciones no atrajeron el mismo nivel de atención mediática en el extranjero, pero la Unión Europea, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno australiano y otros mantuvieron sus protestas por el empleo de la pena capital en Indonesia. El país alega que enfrenta una epidemia de consumo de drogas y cree que ejecutar a los narcotraficantes actuará como disuasión.
De las más de 1.600 ejecuciones anunciadas de forma pública el año pasado, Amnistía indicó que casi el 90% se produjeron en tres países: Arabia Saudí, Pakistán e Irán.
