El gobernador del estado Táchira (oeste), José Gregorio Vielma Mora, informó hoy que organismos de seguridad del Estado venezolano capturaron en la entidad andina a 18 presuntos terroristas.
En rueda de prensa, Vielma Mora dijo que las detenciones forman parte de un operativo basado en la información que lograron recabar luego de 54 días de ataques «acerca de quiénes eran los presuntos jefes de las ‘guarimbas’ (grupos violentos) y quién los financiaba».
De acuerdo con el gobernador «estos terroristas eran quienes hacían las bombas Molotov y amenazaban a la población tachirense, y por ello seguiremos yendo a cada una de las casas a buscarlos».
Además, manifestó que las fuerzas de seguridad tienen declaraciones de jóvenes que participaron en estos hechos y manifestaron ser de otras ciudades.
«Fueron traídos para acá (Táchira) a generar desorden y ya están cansados», agregó.
El gobernador detalló que los terroristas, paramilitares, secuestradores y mercenarios, recibían entre 3.000 y 5.000 bolívares semanales (105 dólares) para que mantuvieran estas ‘guarimbas’ (grupos violentos) y se creara zozobra en la comunidad, en la zona limítrofe con Colombia.
Vielma Mora reconoció la labor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por sus actuaciones.
«A ellos, tanto altos mandos como profesionales, les debemos respeto. Recibieron ataques de múltiples formas y, a pesar de ello, su madurez, profesionalismo y aguante frente a los operativos, les permitió controlar diversas situaciones sin que resultara ningún herido», dijo.
La víspera, el presidente venezolano Nicolás Maduro, desde el estado Falcón, catalogó como «operación exitosa» la efectuada por militares en San Cristóbal, capital del estado Táchira, para liberar a la región andina «de barricadas fascistas y darle al pueblo su libre tránsito.
«Tenemos pruebas de que detrás de la guarimba en Táchira está el dinero del narcotráfico y los paramilitares», dijo el mandatario nacional.
La región suroccidental ha sido una de las más afectadas por las acciones violentas de la derecha, que desde el pasado 12 de febrero han generado la muerte de 39 venezolanos, entre ellos dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La madrugada del sábado 29, grupos violentos atacaron la sede regional de Venezolana de Televisión (VTV) ubicada en San Cristóbal, capital de Táchira.
Para combatir la situación, el gobierno de la nación sudamericana instaló en la referida entidad la Conferencia Nacional de Paz, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Además, ordenó la captura del alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien estará 12 meses privado de libertad por desacatar el amparo constitucional que lo obligaba a impedir «guarimbas» en su jurisdicción.
Ceballos se negó a garantizar el orden público y la paz a los habitantes de su municipio, e incluso apoyó públicamente las acciones de los grupos violentos.
La decisión, tomada por la Sala Constitucional, se aplica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece prisión de entre seis y 15 meses a quien incumpla un amparo constitucional.
CARACAS, (Xinhua)
