Dividida y con sólo ocho jueces, la Corte Suprema llegó a un empate el jueves al votar en torno a la iniciativa del presidente Barack Obama de proteger de la deportación a millones de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.
Cuatro jueces votaron a favor del plan y otros cuatro votaron en contra. En concreto, la votación anula la iniciativa al menos durante la presidencia de Obama, e intensifica el debate migratorio de cara a las elecciones de noviembre.
Una votación empatada no deja precedente, pero mantiene vigente la decisión del tribunal inferior. En este caso, el tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleáns había dicho que el gobierno no tenía la autoridad de proteger a unos 4 millones de inmigrantes con la posibilidad de darles permisos de trabajo sin la aprobación del Congreso.
Texas lideró un grupo de 26 estados con gobiernos republicanos que demandaron al gobierno federal en torno a la iniciativa anunciada en noviembre de 2014. Los republicanos en el Congreso también apoyaron la demanda de los estados.
El presidente Obama declaró que el estancamiento judicial «nos aleja aún más del país que aspiramos ser».
Los candidatos a la presidencia se mostraron tan divididos como estaban los jueces de la Corte Suprema.
La demócrata Hillary Clinton expresó que de ser elegida, defenderá los programas de Obama «y haré todo a mi alcance bajo la ley para ir más allá en la protección de las familias».
El republicano Donald Trump, por el contrario, estimó que el resultado «obstruye una de las medidas más inconstitucionales jamás intentadas por un presidente» y «deja en claro lo que está en juego en noviembre».
Los inmigrantes en Estados Unidos se declararon descorazonados con la medida.
La inmigrante mexicana Cristina Molina, quien vive en la ciudad de Nueva York, dijo sentirse frustrada y molesta.
«Me siento como estoy en el limbo», expresó Molina, de 48 años. Lleva 23 años en Estados Unidos y dijo que pudo haberse beneficiado de uno de los programas que anunció Obama en el 2014.
La iniciativa de Obama incluía protecciones a padres de niños que están legalmente en el país y una ampliación del programa que ampara a gente que fue traída al país cuando eran menores de edad. Obama decidió aprobar el plan luego que los republicanos obtuvieron el control del Senado en las elecciones legislativas de 2014 y disminuyeron aún más las probabilidades ya remotas, de que el poder legislativo aprobara una reforma migratoria.
El Senado aprobó una amplia reforma migratoria, con respaldo demócrata y republicano, en 2013, pero la medida quedó atascada en la Cámara de Representantes, que era controlada por los republicanos.
Poco después de que Obama anunció su iniciativa, los estados acudieron a los tribunales.
La demanda fue evaluada por el juez Andrew Hanen de Brownsville, Texas. Hanen ya antes había criticado al gobierno por no hacer cumplir las normas migratorias. El juez se declaró a favor de la demanda de los estados, con lo que la iniciativa quedó bloqueada. El Tribunal Federal de Apelaciones de Quinto Circuito también se puso de lado de los demandantes y el Departamento de Justicia apeló rápidamente a la Corte Suprema.
El resultado presagia que la política migratoria de Estados Unidos será decidida mayormente por las elecciones presidenciales de este otoño, en una campaña en que la inmigración ya ha surgido como uno de los temas más álgidos.
Los inmigrantes que se hubieran beneficiado de los programas no enfrentan un inminente peligro de deportación, pues el Congreso ha aprobado el presupuesto para lidiar con solo un pequeño porcentaje de la gente que está viviendo en el país ilegalmente y el presidente mantiene amplia discreción en cuanto a quién deportar.
Cuando la Corte accedió a escuchar el tema en enero tenía nueve magistrados, pero para el momento en que se debatieron los argumentos a finales de abril, había fallecido el juez Antonin Scalia. Ello dejó ocho jueces para dirimir el tema y es casi seguro que la votación se dividió según bandos ideológicos, liberal y conservador, aunque el tribunal no divulgó cómo votó cada juez.
Sin embargo, si Scalia hubiera estado vivo, lo más seguro es que habría votado con la parte conservadora, formando así una mayoría en contra de la iniciativa migratoria.
En términos prácticos, si Donald Trump ganara las elecciones, lo más seguro es que la iniciativa quedaría derogada, pues el virtual candidato presidencial republicano ha prometido deportar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.
Si gana la demócrata Hillary Clinton las elecciones, lo más probable es que intente resucitar el programa o que intente llegar a un acuerdo con el nuevo Congreso para redactar una reforma total a las leyes migratorias.
