Un año de prisión para alcalde opositor venezolano por desacato

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dictó este martes una condena de 12 meses de cárcel al alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira (oeste), Daniel Ceballos, por desacatar el amparo constitucional que lo obligaba a impedir protestas violentas y cierre de vías públicas dentro de su jurisdicción.

De acuerdo con el TSJ, Ceballos se negó a garantizar el orden público y la paz a los habitantes de su municipio e, incluso, aupó públicamente las acciones de los grupos violentos que han causado la muerte de al menos 34 venezolanos desde el pasado 12 de febrero, además de centenares de heridos y multimillonarias pérdidas materiales.

La Sala Constitucional del TSJ fundamentó su decisión en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece prisión entre seis y 15 meses para quien incumpla un amparo constitucional.

Asimismo, el máximo tribunal venezolano también procedió a destituirlo de su cargo como Alcalde de San Cristóbal, en la audiencia celebrada este martes para tratar su caso.

En total, 11 testigos del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo afirmaron que el ahora exalcalde no cumplió las órdenes que le giró la instancia judicial para actuar contra las barricadas que grupos radicales de oposición levantan en distintas vías de la capital tachirense.

En la audiencia también participaron representantes de la Asociación Civil Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, junto a testigos de los hechos por los cuales fue imputado Ceballos.

Las acciones vandálicas emprendidas en San Cristóbal van desde bloqueo de vías, pasando por daños a la propiedad pública y privada, saqueos y colocación de guayas para degollar motorizados, hasta «tiros de gracia» a quienes intentan liberar las vías cerradas.

Esta sentencia se suma a la dictada días atrás sobre Enzo Scarano, hasta hace poco alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo (centro), quien fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión por haber desacatado la misma sentencia de la Sala Constitucional, además de haber sido también cesado en sus funciones como alcalde.