Para que dicho número de camas no esté vacío, los funcionarios y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza gastan sumas millonarias y practican detenciones, a menudo infundadas, por supuestos motivos de seguridad. De esta manera la previsión se ha convertido en una obligación, según denuncian los autores de un artículo publicado en el periódico ‘The Washington Post’.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional descartan que se trate de encarcelamientos innecesarios. Sin embargo, hay quienes aseguran que es así y que muchos indocumentados pasan meses en prisión, lo cual resulta costoso para el presupuesto federal.
El llamado ‘mandato de camas’ fue introducido por vez primera en 2006, durante la administración de George W. Bush, cumpliendo con una iniciativa de los republicanos más conservadores. Los promotores creían y lo creen ahora que la policía migratoria no es lo suficientemente eficaz a la hora de expatriar a los inmigrantes irregulares.
Desde aquel entonces el número de inmigrantes ilegales se ha reducido considerablemente y es cada vez más costoso mantener las camas ocupadas. En abril de este año el Ministerio de Seguridad Nacional propuso reducir los gastos mediante un recorte en el ‘mandato de camas’ hasta las 31.800 personas al día e introducir en práctica unas alternativas más ‘baratas’ de arresto, como la obligación a llevar las pulseras electrónicas. Sin embargo, los republicanos insistieron en mantener la cuota de 34.000.
‘The Washington Post’ revela que la conservación del mandato es el resultado de la presión de los grupos de influencia vinculados a las empresas privadas que se especializan en abastecimiento de los recintos penitenciarios y de custodia preventiva con todo lo necesario. Así, las compañías GEO Group y Corrections Corp. ganaron los contratos del Ministerio de Seguridad Nacional para que las autoridades envíen a los indocumentados detenidos a sus centros privados de deportación.
Extraìdo de agencias internacionales / Cristhian Carriòn
