El gobierno ecuatoriano rechazó el martes el pedido de medidas cautelares que formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de tres opositores prófugos, incluido un legislador, sentenciados a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa.
En un comunicado, la cancillería deploró la solicitud de la CIDH y criticó la que llamó «creciente politización» de la Comisión, un organismo adscrito a la OEA cuyas decisiones no son consideradas de obligatorio cumplimiento por el Estado ecuatoriano.
Quito «deplora que la CIDH haya solicitado estas medidas cautelares sin haber revisado correctamente la información suministrada y que no considere todos los elementos necesarios del juicio», indicó el ministerio en un comunicado.
El caso que nuevamente tensa las relaciones entre el gobierno de Correa y la CIDH -criticada por Quito por su supuesta subordinación a Estados Unidos- involucra a un diputado y otros dos opositores que fueron condenados a prisión por injuriar al presidente.
El viernes, la justicia ecuatoriana ordenó la captura del diputado Cléver Jiménez, su asesor y periodista Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, tras un proceso iniciado en 2011 por injuria judicial contra Correa.
En su pronunciamiento, la cancillería dijo que en este caso «se cumple el debido proceso judicial -que es absolutamente legítimo y no puede ser interferido-«, por lo que no caben medidas de protección a favor de los sentenciados.
