Un tribunal civil admitió la demanda por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en contra del ex presidente salvadoreño Mauricio Funes, su ex esposa y uno de sus hijos, y giró órdenes a varias instituciones del Estado para que entreguen la información relacionada con sus finanzas, propiedades y negocios, informó el sábado la oficina de prensa de los tribunales de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el ex mandatario y su familia deberán de justificar el origen de 728.329,74 dólares.
La demanda civil incluye a la ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, y uno de sus hijos Diego Roberto Funes Cañas. El ex mandatario tendrá un plazo de 20 días hábiles para presentar las pruebas de descargo.
Entre las irregularidades señaladas por la Sección de Probidad, la ex primera dama presuntamente saldó deudas cuando al parecer ella no tenía ingresos como secretaria de Inclusión Social.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador también dio un plazo de cinco días para que la Dirección General de Impuestos del ministerio de Hacienda le entregue información certificada de documentos presentados por Funes en el pago de impuestos. También se hicieron requerimientos al Registro de Comercio, al Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas, y al Registro de Propiedad Intelectual.
El caso contra el ex presidente que gobernó el país de junio 2009 a mayo 2014 inició cuando la Sección de Probidad de la Corte Suprema encontró inconsistencias en su declaración patrimonial.
En la resolución, la Corte Suprema señaló que, según el resultado de la investigación, comparando sus ingresos y deudas, Funes «no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo, los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman un total de 150.323,31 dólares, los cuales no se justifican con los ingresos reportados por el ministerio de Hacienda«.
El informe la Corte subraya que se desconoce, en total, el origen de 194.924,00 dólares utilizados para pagar tanto «deudas declaradas como no declaradas».
De ser encontrado culpable, el ex presidente será obligado a devolver al Estado el dinero por el que está siendo demandado y quedaría inhabilitado para ejercer cualquier tipo de cargo público por un período de 10 años.
