Un juez prohibió el viernes la actividad en las discotecas de Buenos Aires a raíz de la reciente muerte de cinco jóvenes provocada por el consumo de drogas en una fiesta electrónica.
El juez en lo contencioso y administrativo Roberto Gallardo dijo en un dictamen difundido el viernes que tomó la medida debido a que «hay un cuadro de impunidad e inexistencia de control estatal respecto de la actividad nocturna».
El magistrado advirtió que se procederá a la «clausura inmediata» de los locales que no suspendan «toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada».
El alcalde de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta rechazó el fallo y anunció que enviará «un pedido de revocatoria para que hoy mismo se levante la suspensión».
«Como sociedad nos preocupan las adicciones, pero eso no significa que haya que literalmente cerrar toda la noche», sostuvo.
Jorge Becco, presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas Porteñas, también apelará la medida. «Una cosa son los lugares ilegales y esas fiestas y otra cosa nosotros que estamos habilitados. Pasar música no es un delito», dijo a Radio El Mundo.
La resolución judicial, reproducida por la agencia oficial de noticias Télam y otros medios, obedece a una medida cautelar solicitada por varias asociaciones civiles que sostienen que hay un modelo de negocio «que combina la comercialización de sustancias adictivas de diverso grado de peligrosidad con la creación de una atmósfera que a través de diversos mecanismos (control de la temperatura, humedad y ventilación, entre otros) erosiona la autonomía emocional de los jóvenes».
La medida fue tomada luego de la polémica que generó la muerte de los cinco jóvenes por el consumo de drogas sintéticas el 15 de abril durante la edición local del espectáculo Time Warp, que surgió en Alemania.
Los demandantes expusieron que «el pasado fin de semana concurrieron a distintos locales de baile y fueron testigos de la libre comercialización de diversas especies de psicotrópicos, como si semejante drama no hubiera acontecido».
Gallardo exigió al gobierno capitalino que para que se revierta la medida presente «un protocolo de actuación de su cuerpo de inspectores y de los policías bajo su órbita» con el fin de que se cumplan las normas de «prohibición de comercialización y consumo público de estupefacientes».
La muerte de los jóvenes reveló varias irregularidades cometidas en torno a la celebración de la fiesta electrónica, como el hacinamiento y la escasa ventilación en el lugar, la falta de agua potable en los baños para que los asistentes pudieran hidratarse y la aparente falta de controles de las seguridades privada y policial. También quedó bajo escrutinio el proceder de la alcaldía de Buenos Aires, responsable de la habilitación de este tipo de espectáculos.
El gobierno capitalino decidió prohibir esos espectáculos hasta que la legislatura de la ciudad apruebe un proyecto de ley para la concientización sobre los efectos de las drogas.
En tanto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, anunció que recomendará a todos los municipios que no habiliten esas fiestas hasta tanto no haya consenso sobre una política común para controlarlas.
Adrián Conci, dueño de la empresa Dell Producciones, organizadora del evento en el que murieron los jóvenes, está detenido y se ha negado a declarar ante la justicia. También fueron arrestados uno de sus socios, el jefe de evacuación del local y tres jóvenes que habrían traficado estupefacientes.
