Mauricio Macri afrontará el viernes la primera protesta impulsada por las cinco centrales de trabajadores de Argentina que exigen medidas urgentes para frenar los miles de despidos producidos en los primeros meses de su gestión.
Unas 140.000 personas perdieron el trabajo desde fines del año pasado, según cifras de sindicatos y consultoras privadas, por la crisis en Brasil -el principal socio comercial de Argentina– y un fuerte ajuste del gasto público.
Los despidos ocurren en momentos en que el bolsillo de la clase media, uno de los pilares del triunfo electoral de Macri que puso fin a 12 años del modelo populista de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, pierde capacidad de compra por la aceleración de la inflación tras la devaluación del peso y por fuertes subas en las tarifas de los servicios públicos, mientras 1,4 millón de personas cayeron en la pobreza en el primer trimestre, según un relevamiento del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina.
En este contexto los sindicatos dejaron de lado sus diferencias internas y anunciaron una movilización conjunta al Monumento al Trabajo para anticipar la celebración del Día del Trabajo el 1 de mayo, pero que apunta a enviarle un mensaje al gobierno.
«Hay una situación crítica en Argentina y no se avizora solución», dijo a The Associated Press Pablo Micheli, líder de la izquierdista Central de Trabajadores de la Argentina. «Los sindicatos tenemos un rol de resistencia frente al ajuste. Vamos a estar en la calle con mucha decisión».
A la cabeza de la manifestación estará Hugo Moyano, que lidera el gremio de camioneros y una corriente disidente de la Confederación General del Trabajo, de extracción peronista. Moyano declaró el jueves que «Macri está en contra de los trabajadores«.
El jefe de gabinete de ministros Marcos Peña afirmó que «la situación es la misma que se viene dando en los últimos cinco años, donde no se crean pero tampoco se pierden empleos». Definió los primeros meses de gestión como «una etapa de sinceramiento» en la cual el gobierno está abocado a corregir los desequilibrios provocados por el modelo populista que imperó en la última década y que dejó como herencia un déficit fiscal equivalente a 7% del PIB, una inflación anual superior al 30% y recesión económica.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina reveló que hubo 141.542 despidos entre diciembre y marzo, de los cuales el 56,84% corresponde al sector privado y 43,16% al sector público.
El propio gobierno reconoció un recorte de 10.000 puestos de trabajo sólo en la administración central. Entre ellos está Maia Goldin, una ingeniera química de 28 años que fue despedida junto con otros 144 empleados de la estatal Fabricaciones Militares. «Sé que era una persona que estaba más que calificada para hacer la tarea que hacía. Simplemente fue una decisión de achicar del Estado sin ningún tipo de criterio», dijo.
En el ámbito privado, el sector de la construcción perdió 40.000 puestos de trabajo en los primeros tres meses del año, la mayoría como consecuencia de la suspensión de proyectos de obra pública, informó la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
Ante la ola de despidos, el bloqueo de calles y carreteras -el método más frecuente de protesta en Argentina– aumentó en marzo 7% respecto del mismo mes de 2015, según un estudio de la consultora privada Diagnóstico Político.
«Esta es una problemática muy fuerte porque los sindicatos estaban muy acostumbrados a recibir todo tipo de concesiones durante los últimos años», explicó Patricio Giusto, analista de Diagnóstico Político.
Las centrales sindicales impulsaron en el Congreso un proyecto de ley que suspende los despidos durante 6 meses y obliga a pagar doble indemnización que ya fue aprobado por el Senado, controlado por el peronismo. La iniciativa es rechazada por empresarios y el gobierno por considerar que perjudicará la reactivación de la economía prevista para la segunda mitad de año a partir de la llegada de inversiones y acceso al crédito externo tras poner fin al largo litigio con acreedores de deuda en cese de pagos desde 2001.
Es posible que la Cámara de Diputados, también controlada por la oposición, apruebe el proyecto.
