Un partido de izquierdas español presentó este jueves una querella por un «delito de lesa humanidad» contra el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, reprochándole la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía sobre los refugiados, calificado de «criminal».
Ante la prensa, la eurodiputada del pequeño partido ecolocomunista Izquierda Unida, Marina Albiol, condenó este acuerdo firmado el 18 de marzo. «La UE paga un dinero a Turquía para que Turquía preste unos servicios de policía de fronteras, de deportadores, de carceleros», aseguró.
«El señor Rajoy nos quiere hacer cómplices de esa barbaridad», añadió el portavoz de IU en el Congreso de los diputados, Alberto Garzón.
Garzón señaló que los migrantes huyen «del terrorismo y de guerras en muchos casos promovidas directamente por países occidentales (…) y por la industria militar occidental».
«Se encuentran, ante las puertas de Europa, la falta de solidaridad, la falta de asilo y directamente la construcción de campos de detención que vulneran claramente los derechos humanos y el derecho internacional», siguió.
La querella presentada en el Tribunal Supremo acusa a Rajoy y los otros responsables europeos de «acordar con las autoridades turcas la deportación y traslado forzoso de un número indeterminado de personas desde territorio de la UE» lo que, según los abogados del partido, es un crimen de lesa humanidad según el artículo 607 bis del código penal español.
El controvertido acuerdo con Ankara contempla el retorno a Turquía de todos los migrantes llegados irregularmente a Grecia desde el 20 de marzo.
También señala que por cada sirio devuelto, otro será admitido dentro de la UE hasta un límite de 72.000 personas, «cantidad claramente insuficiente para solucionar el problema humanitario provocado por los conflictos bélicos en Oriente Medio», defiende IU en su querella.
La posición de Mariano Rajoy en esta crisis fue criticada el miércoles por una mayoría de partidos del Congreso, que juzgaron vergonzoso que España sólo haya acogido a 18 refugiados cuando se había comprometido a recibir a unos 16.000.
Desde las elecciones legislativas del 20 de diciembre, que dejaron un parlamento muy dividido, el gobierno saliente de Rajoy únicamente puede gestionar los asuntos ordinarios hasta que sea sustituido por un nuevo ejecutivo.
